De la Redacción
Una tragedia ha sacudido a la comunidad de Seattle, Estados Unidos, después de que una madre de 29 años, identificada como Denaya Young, fuera acusada de asesinato en segundo grado por golpear a su hijo de 14 años hasta causarle la muerte. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando Young llamó al 911 para reportar que su hijo, 'JR', había dejado de responder mientras lo castigaba físicamente.
Según su propia declaración a la policía, Young admitió haber "perdido el control" y haber azotado a su hijo con un cable de extensión durante varias horas. El informe policial describe un escenario alarmante, en el que Young empujó a su hijo contra una pared, causándole una grave lesión en la cabeza que lo dejó inconsciente. A pesar de ello, continuó golpeándolo incluso cuando ya estaba en el suelo.
La investigación reveló que el médico forense encontró un total de 1,172 marcas, cortes y contusiones en el cuerpo del adolescente, y determinó que la causa de la muerte fue un shock distributivo, una condición en la que el cuerpo no puede bombear suficiente sangre debido a la gravedad de las lesiones. Young explicó a los oficiales que al ver a su hijo tambalearse tras la golpiza, pensó que "se estaba burlando de ella", pero en realidad, el menor golpeó su cabeza contra diversos objetos antes de quedar inmóvil.
Los documentos judiciales revelan que el niño vivía con un tutor legal, pero se había quedado con su madre tras una visita en agosto. El día del incidente, Young reaccionó violentamente al notar que su hijo no había completado sus tareas escolares, golpeándolo durante tres horas. Tanto los hermanos del menor como su padrastro estuvieron presentes durante la brutal agresión.
Young no compareció en la audiencia de fianza el pasado viernes, y su abogado defensor argumentó que la mujer estaba atravesando un "trauma significativo" tras la muerte de su hijo. Sin embargo, la fiscalía solicitó una fianza de 3 millones de dólares, la cual fue concedida por el juez. Las autoridades continúan investigando el caso y analizan si otros miembros de la familia podrían enfrentar cargos por su posible omisión ante el ataque.