De la Redacción
Un caso de presunto despojo de terreno ha puesto en la mira al alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, quien fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por ex obreros de la fábrica textil de Río Blanco.
Los afectados acusan al edil de haber modificado ilegalmente un terreno que les fue adjudicado tras un largo proceso legal, construyendo una calle pavimentada y retirando infraestructura sin su autorización.
Los ex trabajadores, Carlos Vázquez Hernández, Adolfo Pérez de Jesús, José Luis Gutiérrez Ladrón de Guevara y Abelardo Mazahua Reyes, recibieron el terreno en cuestión como parte de un laudo emitido por la Junta Especial número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en 2002. Este fallo resolvió un juicio laboral en su favor, adjudicándoles el inmueble tras años de disputa con empresas como Hidroeléctricas Virita SA de CV, el IMSS, el Infonavit y Gabitex SA de CV.
Sin embargo, el 18 de febrero de este año, los exobreros visitaron el terreno y se llevaron una desagradable sorpresa: el predio presentaba cambios significativos. Según su denuncia, se había retirado tubería de conducción de agua y se había construido una calle pavimentada, a la que los vecinos ya se refieren como "prolongación de Norte 5 A".
Los afectados aseguran que, según testimonios de vecinos de la zona, fue el alcalde Juan Manuel Diez Francos quien ordenó las modificaciones en el terreno.
"El inmueble presentaba cambios, y por voz de los vecinos supimos que fue el alcalde de Orizaba quien llevó a cabo estas acciones", declararon los denunciantes.
Además, señalaron que las autoridades municipales de Orizaba e Ixhuatlancillo estaban al tanto de la adjudicación del terreno a su favor, ya que habían recibido oficios y documentación que respaldaban su propiedad.
"Nunca autorizamos ninguna acción en nuestro inmueble, y el alcalde no puede alegar desconocimiento de nuestra posesión", afirmaron.
Ante este presunto despojo, los ex obreros solicitaron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que interponga una denuncia formal contra el alcalde Diez Francos y cualquier otro responsable. También pidieron la intervención de peritos para realizar una inspección criminalística del lugar, incluyendo un avalúo de daños, secuencia fotográfica y un levantamiento topográfico del predio.
"El alcalde ha vulnerado nuestros derechos de posesión y propiedad al disponer de nuestro inmueble sin autorización. Exigimos que se reparen los daños y se castigue a los responsables", manifestaron los denunciantes.