Ray García G.

Diario El Mundo

La organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, IDHEAS, condenó el ataque armado del que fue víctima la fundadora del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Cordoba, Aracely Salcedo, y exigen a las autoridades la investigación de los hechos.

Fue el pasado 24 de agosto de 2024, aproximadamente a las 13:35 horas, en el kilómetro 231 de la carretera Orizaba-Mendoza dirección a Puebla, en el sitio conocido como Los Magueyes, estado de Veracruz, un grupo armado de aproximadamente 10 personas interceptó violentamente la camioneta en la que viajaba Araceli Salcedo Jiménez, activista y defensora de derechos humanos, junto con su familia.

Señalaron en su comunicado que los agresores, quienes portaban armas cortas y largas, iban cubiertos con pasamontañas y trajes camuflados, y contaban con radios satelitales.

Destacaron que a tan solo 1 kilómetro de donde sucedieron los hechos, se encontraban patrullas de la Guardia Nacional, por donde pasó el vehículo robado. 

Además, según la versión de la víctima, al ser atendidos en el servicio médico de la caseta de la Esperanza, el personal de seguridad les informó que, el día anterior, se registró el robo de cinco camionetas en la misma área.

Este acto de violencia es especialmente alarmante debido a que Araceli Salcedo Jiménez, quien además pertenece al consejo consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contaba con un seguimiento de ruta como medida de protección debido a su labor como defensora de derechos humanos. 

"Desde IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, condenamos enérgicamente este acto de violencia que pone en peligro la vida de una defensora de derechos humanos y hacemos un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación inmediata y exhaustiva de los hechos, que resulte en la identificación y sanción de los responsables", externaron. 

De la misma manera instaron a la implementación de medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad y protección de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de las madres buscadoras, quienes enfrentan constantes riesgos en su labor de búsqueda de justicia.