De la Redacción
María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, se convirtió en la primera mexicana en ser acusada en Estados Unidos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ), con base en documentos judiciales presentados en Texas.
Navarro-Sánchez enfrenta graves cargos relacionados con su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo criminal mexicano que, desde febrero de 2025, está clasificado como organización terrorista por el gobierno estadounidense, junto con otras redes delictivas en América Latina.
Las autoridades acusan a Navarro-Sánchez de participar en una conspiración para suministrar granadas al CJNG, además de estar involucrada en actividades ilícitas como el tráfico de personas, el contrabando de dinero en efectivo, la compra de armas a través de terceros y la distribución de sustancias controladas. Estos delitos, según el DOJ, no solo fortalecen las operaciones del cártel, sino que representan una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos y la región. Junto a ella, dos hombres mexicanos enfrentan cargos relacionados con el tráfico de armas en el mismo tribunal de Texas.
El director del FBI, Kash Patel, subrayó la importancia de este caso: “La captura de Navarro-Sánchez es una advertencia contundente para quienes apoyen a organizaciones criminales con estatus de terroristas: no habrá escapatoria de la justicia”. Su declaración refleja el enfoque firme de las autoridades estadounidenses para desmantelar redes que, según el DOJ, han causado estragos en comunidades de Estados Unidos, México y más allá.
La detención de Navarro-Sánchez ocurrió a principios de mayo en un operativo conjunto liderado por fuerzas federales y estatales en Magdalena, Jalisco, como confirmó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch. Durante su arresto, se le confiscó un arma larga bañada en oro, evidencia de su presunta relevancia dentro del CJNG.
El DOJ expresó su gratitud hacia las autoridades mexicanas por su colaboración en este esfuerzo binacional para combatir el crimen organizado.
Este caso se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno del presidente Donald Trump, que ha intensificado las acciones contra el crimen transnacional y la inmigración irregular.
La designación del CJNG como organización terrorista ha permitido a las autoridades estadounidenses aplicar cargos más severos, mientras que las recientes deportaciones masivas de extranjeros a países de América Latina reflejan un endurecimiento de las políticas migratorias.