De la Redacción 

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado la asignación de 364 diputaciones a la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que representa un 73.8% de representación en la Cámara de Diputados con el 58% de los votos emitidos a su favor. Esta decisión ratifica la supermayoría de la coalición, a pesar de las críticas y preocupaciones sobre su impacto en la pluralidad política del país.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, defendió la decisión y aseguró que esta no representa un "robo de votos" ni implica que la democracia mexicana esté en peligro. "El Tribunal actuó con profesionalismo y apego a los principios que todos deben cumplir, sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho", afirmó Soto al dar por concluido el proceso electoral de 2024.

Sin embargo, la magistrada Janine Otálora expresó una visión diferente, proponiendo que las curules deberían distribuirse según el porcentaje de votos que cada partido obtuvo para ganar un distrito, en lugar de seguir el convenio de coalición que permite transferir votos entre partidos aliados. Otálora advirtió que la supermayoría de Morena podría reducir las oportunidades de participación para las minorías, lo que afectaría la pluralidad y la representación democrática.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera respaldó el proyecto presentado por el magistrado Felipe De la Mata, señalando que el tribunal debe garantizar la certeza en las reglas del juego político y no actuar como "correctores de la voluntad ciudadana" una vez que los resultados electorales ya han sido generados. Para Fuentes Barrera, cambiar las reglas después de las elecciones afectaría el principio de certeza en el proceso democrático.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez justificó su voto a favor de la asignación al explicar que la sobrerrepresentación debe contarse en función de los partidos políticos individuales y no de las coaliciones en su conjunto. Rodríguez defendió la aplicación estricta de las reglas electorales y abogó por que el Congreso legisle para resolver las incoherencias en el sistema electoral.

Finalmente, la magistrada Mónica Soto respondió a las críticas y dudas planteadas en redes sociales, asegurando que no hubo un "robo de votos" ni una fragmentación del voto. "¿Se está destruyendo la democracia mexicana? No, se está consolidando la democracia mexicana", concluyó la magistrada presidenta, reafirmando la legitimidad del proceso y la decisión del tribunal.

El magistrado Felipe De la Mata, ponente del proyecto, defendió los argumentos presentados en su propuesta de sentencia, reafirmando la validez y el rigor jurídico de la resolución.