De la Redacción

La presencia de grupos criminales en Veracruz ha generado una situación de vulnerabilidad extrema para niñas, niños y adolescentes en la región.

Las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) han denunciado el crecimiento alarmante de prácticas como el reclutamiento forzado y la trata de personas en el estado.

Una geografía propicia para la delincuencia

La geografía de Veracruz, con su extensa costa y su ubicación estratégica, la convierte en un punto clave para el tráfico de drogas, armas y personas. Al menos 15 organizaciones criminales mantienen una disputa territorial en la entidad, lo que ha convertido a municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica en zonas críticas para el reclutamiento forzado de adolescentes.

Formas de explotación

La utilización de menores por agrupaciones delictivas abarca diversas formas de explotación, incluyendo la explotación sexual, el trabajo forzado, el uso como vigilantes (halcones), el transporte de droga, el sicariato y la mendicidad forzada. Según registros oficiales, entre 2015 y 2025, se reportaron 22 menores víctimas de reclutamiento criminal y 32 casos más de trata de personas en el estado.

Vulnerabilidad y riesgos

Las adolescentes son privadas de su libertad tras ser orilladas a participar en delitos graves, mientras que las niñas experimentan un mayor riesgo de trata para fines de explotación sexual. La pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional son factores que aumentan la vulnerabilidad de este sector.

La influencia de la "narco-cultura"

La "narco-cultura" también juega un papel importante en la perpetuación de la violencia y la delincuencia en la región. La romantización de la criminalidad y la violencia en la música, el cine y la televisión puede contribuir a normalizar la violencia y a aumentar la vulnerabilidad de los jóvenes.

Desafíos institucionales

Las deficiencias institucionales son otro desafío importante en la lucha contra el reclutamiento forzado y la trata de personas. La falta de coordinación interinstitucional, el exceso de burocracia y la carencia de un programa estatal específico han derivado en respuestas fragmentadas y frecuentes casos de criminalización de las víctimas.

Llamado a la acción

Ante la magnitud del problema, REDIM y el CAM han solicitado la creación de un protocolo especial para la detección y atención de víctimas, el fortalecimiento de programas preventivos desde las escuelas y comunidades, la capacitación de autoridades para identificar casos sin revictimizar, la elaboración de un Programa Estatal integral y la inclusión de la niñez en la elaboración de políticas públicas.

Con información de Infobae