De la Redacción

En una decisión que podría tener repercusiones significativas, un juez federal ha ordenado a Petróleos Mexicanos (Pemex) reintegrar el pago de la pensión post-mortem a en un plazo de 24 horas. Esta medida fue otorgada como parte de una suspensión de plano en el amparo que Casar Pérez presentó contra la suspensión del beneficio económico.

María Amparo Casar Pérez, presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), es pensionada vitalicia de Pemex desde enero de 2005. Sin embargo, desde la primera quincena de marzo, la paraestatal dejó de pagar su pensión, argumentando que el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no se debió a un accidente de trabajo.

Ante esta situación, Casar Pérez recurrió a la protección de la justicia. Aunque el juez se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, resolvió que el patrón no puede suspender unilateralmente el pago de la pensión cuando se activa ese derecho.

La decisión del juez resalta que, a menos que exista un ordenamiento jurisdiccional o administrativo que haya respetado el derecho de defensa de la quejosa y ordenado la cancelación del pago de la pensión, este beneficio no puede suspenderse unilateralmente por parte del patrón. La resolución destaca que una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del trabajador fallecido.

En su demanda de amparo, María Amparo Casar afirmó que la suspensión de la pensión pone en riesgo su subsistencia, y que no ha sido notificada de ningún acto por parte de Pemex que ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem de la que es beneficiaria.

La suspensión del pago de la pensión, según Casar Pérez, fue una decisión unilateral de Pemex, sin fundamentación ni motivación alguna. Se destaca que esta acción representa una acción deliberada por parte de la paraestatal y no una simple omisión.

Aunque el juez se declaró incompetente para seguir conociendo la demanda de garantías de María Amparo Casar, ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia administrativa para su continuación.

Esta resolución judicial podría sentar un precedente importante en cuanto al respeto de los derechos de los pensionados y la responsabilidad de las empresas estatales en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.