De la Redacción

El estado de California lanzó una ofensiva legal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presentar una demanda para frenar los aranceles impuestos a socios comerciales internacionales.

La acción, encabezada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, acusa al mandatario de extralimitarse en sus facultades y causar un impacto económico devastador tanto en el estado como en el conjunto del país.

La administración Trump aplicó un arancel general del 10% a bienes provenientes de todos los países, con tasas más altas para aquellos que, según Washington, restringen las importaciones estadounidenses. Aunque muchos de estos aranceles fueron suspendidos temporalmente por 90 días, se impuso un gravamen del 145% a productos chinos, con ciertas excepciones para electrónicos.

En respuesta, China contraatacó con un arancel del 125% a bienes estadounidenses, mientras que la Unión Europea aprobó medidas retaliatorias, actualmente en pausa.

Trump justificó los aranceles invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, que permite al presidente actuar ante amenazas excepcionales.

Según el republicano, el déficit comercial de Estados Unidos representa una “emergencia nacional” que compromete la capacidad industrial del país y lo hace vulnerable frente a potencias extranjeras.

En su demanda, presentada ante un tribunal federal en San Francisco, California argumenta que la ley de 1977 no autoriza al presidente a imponer aranceles de manera unilateral sin la aprobación del Congreso, y que declarar una emergencia en este contexto es injustificado.

Como la quinta economía mundial, con fuertes lazos comerciales con China, México y Canadá, California asegura que los aranceles ya han generado pérdidas significativas y amenazan con agravar la situación si no se revocan.

Newsom y Bonta solicitaron al tribunal que ordene al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras suspender la aplicación de estos gravámenes.