Agencias

El pleno del Senado aprobó en lo general, con 69 votos a favor y 42 en contra, la reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana.

Con la reforma se impide que los jueces concedan suspensión provisional de leyes y normas en un juicio de amparo.

Con las enmiendas, una vez que se concreten, no sólo no se podrá suspender la aplicación de leyes sino tampoco obras públicas contra las cuales se interpongan amparos, esto mientras se resuelven de fondo los recursos jurídicos. Por eso la oposición reclama que se afectarán derechos colectivos.

Fue un debate de casi seis horas, en el que la oposición que un día antes no pasó lista para evitar que hubiera quórum y no se debatiera esa reforma, hoy insistió una y otra vez que se limita el derecho de los mexicanos a ampararse, mientras que senadores de Morena, advirtieron que se pone freno a la discrecionalidad y arbitrariedad con que actúan en el poder judicial, al otorgar suspensiones provisionales que no sólo favorecen a quienes promovieron el juicio de amparo, sino que le dan un efecto general.

En la discusión el proponente, Ricardo Monreal, y la senadora Olga Sánchez Cordero, ambos de Morena, argumentaron en favor de los cambios y argumentaron que se trata de defender al Poder Legislativo, único que puede aprobar leyes, facultad que los jueces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han abrogado al suspender su aplicación de forma general.

"No estamos afectando derechos, ni por supuesto que estamos haciendo una regresión en las garantías y en la promoción de derechos y desde luego tampoco violentamos el principio de constitucionalidad”, dijo Sánchez Cordero, también ministra en retiro.

Senadores de los partidos de oposición señalaron que con la Ley de Amparo se busca blindar las polémicas megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras que los legisladores de Morena cuestionaron a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica durante la presidencia de López Obrador ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.