De la Redacción
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
La votación resultó en 22 votos a favor, emitidos por Morena y sus aliados del PVEM y PT, y 17 en contra, provenientes de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC.
Durante el debate, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, criticó el proceso de dictaminación, argumentando que los numerosos foros y diálogos previos con expertos, autoridades y ciudadanía sirvieron solo para la simulación.
Por su parte, el líder priista Rubén Moreira señaló que la reforma debería centrarse en minimizar la saturación de juzgados locales, aumentar el personal en los juzgados federales y mejorar los salarios, el Ministerio Público y los centros periciales.
Además, advirtió que la reforma actual permite la intervención de poderes fácticos, como el capital y el crimen organizado.
Margarita Zavala, diputada panista, expresó que la reforma es parte de un "deseo de venganza" por parte de Morena y alertó sobre posibles despidos masivos e injustificados que podría provocar.
En respuesta, el diputado de Morena Hamlet García calificó de "falso" que no se haya escuchado al Poder Judicial, a la sociedad y a los expertos, y aseguró que los derechos laborales serán respetados.
Gerardo Fernández Noroña, del PT, acusó a la oposición de ser "apátridas" y "traidores a los intereses del pueblo", argumentando que respaldan intereses extranjeros.
La reforma plantea cambios significativos, incluyendo la modificación del artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Se realizarán dos elecciones en 2025 y 2027 para elegir a la totalidad de estos cargos, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegidos permanecerán en el cargo por periodos de ocho y 11 años, reduciendo el pleno de 11 a 9 integrantes.
Además, la reforma prevé la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la eliminación de las dos salas actuales de la SCJN, dejando solo sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes.
También elimina la pensión vitalicia para ministros actuales y futuros, y establece un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de México.
Otro cambio clave es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, con funciones de control interno, administración y disciplina judicial.
La reforma también impone plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales y penales, y prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
En el ámbito local, la reforma exige a los poderes judiciales estatales establecer reglas para la elección directa de magistrados y jueces, y mandata la extinción de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos serán sumados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Finalmente, se da "pase automático" a los actuales ministros, magistrados y jueces para participar en la elección popular programada para el próximo año, condicionando su retiro a la presentación de su renuncia antes del 31 de agosto de 2025.
Tras su aprobación en lo general, la reforma será sometida a debate en lo particular antes de ser turnada a la mesa directiva para su discusión y votación en el pleno de la 66 Legislatura.
Con información de El Universal