De la Redacción
Con 22 votos a favor y 17 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta reforma, que modifica 12 artículos constitucionales, establece que la GN será de origen militar con formación policial, y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Además, la institución estará encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante la sesión, se discutieron 22 reservas, de las cuales solo una fue aprobada. Esta reserva, presentada por el diputado de Morena Salvador Caro, añade que la coordinación de la seguridad pública deberá incluir a "los tres órdenes de Gobierno".
Rubén Moreira, coordinador del PRI, recordó que su bancada apoyó en 2022 una reforma que extendió hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles.
Sin embargo, criticó la nueva reforma, advirtiendo que debilita al Ejército al trasladar a 140 mil efectivos a la GN y dejando sin margen de maniobra a Omar García Harfuch, próximo Secretario de Seguridad Pública.
Por su parte, la diputada panista Paulina Rubio acusó a la mayoría de hipocresía, señalando que quienes antes criticaban la militarización ahora buscan hacerla permanente. Rubio argumentó que esta reforma incrementa el poder político y económico del Ejército y perpetúa un régimen de impunidad y opacidad, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos.
Frente a las críticas, la diputada morenista Irma Juan Carlos respondió que los abusos cometidos por el Ejército, como el caso de la indígena Valentina Rosendo, ocurrieron bajo gobiernos anteriores. Manuel Vázquez Arrellano, sobreviviente de Ayotzinapa, defendió la reforma, afirmando que los militares involucrados en su caso ya están siendo juzgados.
Finalmente, Ismael Brito, también de Morena, pidió a la oposición un voto de confianza, subrayando que la futura Presidenta, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, necesitará todas las facultades legales y constitucionales para garantizar la tranquilidad en el país.