De la Redacción
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) destapó un presunto daño patrimonial que supera los 2,372 millones de pesos durante el último año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, exgobernador de Veracruz y actual director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas). La información, presentada en la Cuenta Pública 2024, fue entregada este miércoles a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, generando un fuerte impacto por la magnitud de las irregularidades detectadas.
De acuerdo con el informe, 40 de los 41 entes gubernamentales auditados presentaron irregularidades administrativas que suman un daño patrimonial de 830.8 millones de pesos. Solo una entidad estatal quedó libre de observaciones. Por otro lado, los 174 municipios fiscalizados acumularon un presunto daño de 1,537.5 millones de pesos, según detalló el auditor general, González Cobos, durante su exposición.
El desglose señala que las auditorías realizadas a 310 entes fiscalizables resultaron en 1,584 observaciones patrimoniales. Entre las dependencias estatales con irregularidades destacan la Secretaría de Educación (10.7 millones), Infraestructura y Obras Públicas (27.7 millones), Desarrollo Social (4.2 millones), Medio Ambiente (4.7 millones) y Desarrollo Agropecuario (15.1 millones). Además, 34 organismos públicos descentralizados sumaron un daño estimado de 766.7 millones, incluyendo casos emblemáticos como la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, con un daño de 201.7 millones, el Aquarium de Veracruz y el complejo deportivo Nido del Halcón.
Asimismo, se detectaron irregularidades en la Universidad Veracruzana (1.4 millones) y el Centro Estatal de Justicia Alternativa (63 mil pesos).
El ORFIS llevó a cabo 1,396 auditorías y evaluaciones, respaldadas por herramientas tecnológicas que buscan fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en el manejo de recursos públicos, según afirmó Cobos González.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Miguel Guillermo Pintos Guillén, recibió el informe y aseguró que no habrá protección para nadie.
“Nuestro compromiso es con la transparencia y la rendición de cuentas”, enfatizó, aclarando que las observaciones son, por ahora, presuntas, y que será hasta el 30 de octubre cuando se emita un dictamen tras un análisis exhaustivo.
Este dictamen será presentado al Pleno del Congreso para determinar si procede la aplicación de sanciones.