Ray García G.
Diario El Mundo

La Ley de Telecomunicaciones recién aprobada en lo general, representa un retroceso y un atentado contra la libertad de expresión, consideró la abogada y activista, Luz Maria Reyes Huerta.

“Estamos retrocediendo muchísimos años en lo que se había ganado”, advirtió Reyes Huerta. Si bien reconoció que es necesario regular ciertos aspectos —sobre todo por el aumento de contenidos violentos o relacionados con la delincuencia en redes sociales—, criticó fuertemente el alcance de las sanciones que contempla la ley, que incluyen la censura de contenidos y la eliminación de páginas o medios de comunicación.
“Yo creo que sí hay un exceso en cuanto a la determinación que pudieran tomar”, señaló, al referirse a las facultades que esta ley otorga a las autoridades para intervenir en medios digitales y plataformas sin un debido proceso legal.
La abogada también subrayó que aunque hay casos en los que se justifica limitar la libertad de expresión —como cuando se incita al odio o se vulneran los derechos de terceros—, tales sanciones deben ser aplicadas con base en procedimientos legales establecidos.
“Nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones o derechos si no es mediante un juicio”, afirmó.

LA NUEVA LEY
La nueva Ley de Telecomunicaciones ha sido impulsada por el Ejecutivo bajo el argumento de combatir la desinformación, la apología del delito y los discursos de odio en medios y redes sociales.
No obstante, organizaciones nacionales e internacionales han advertido que el marco normativo podría dar lugar a arbitrariedades, al carecer de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Además, se abre la puerta a la cancelación de concesiones y el cierre de plataformas informativas sin un juicio previo.
En este sentido, Reyes Huerta hizo un llamado a los senadores a garantizar que cualquier reforma se realice “en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.
Agregó que, de aprobarse en su forma actual, aún quedarían recursos legales como los juicios de inconstitucionalidad para revertir posibles violaciones a la Carta Magna.
“Si no se respeta la ley, aún hay caminos legales para intentar retroceder en esa ley”, concluyó.