De la Redacción
El gobierno de Estados Unidos, a través de la representante comercial Katherine Tai, ha solicitado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador investigar un caso de negación de derechos laborales en la planta de Volkswagen ubicada en Cuautlancingo, Puebla. La solicitud fue hecha bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
La queja presentada a la administración de Joe Biden indica que a los trabajadores de la planta se les niega el derecho a la libre asociación y a la plena negociación del contrato colectivo. Esta solicitud marca la quinta ocasión en lo que va de 2024 en que se recurre al MRR para abordar violaciones de derechos laborales.
“La solicitud refleja el compromiso inamovible de Estados Unidos en la defensa de los trabajadores para la ejecución de sus derechos sin temor a represalias,” señaló Tai en una declaración escrita. “Los lugares de trabajo deben respetar, no castigar, el libre ejercicio de los derechos de sus trabajadores para sindicalizarse y negociar el contrato colectivo como lo define el T-MEC con el objetivo de empoderar a los empleados y sus comunidades,” añadió.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sostiene que el uso del MRR ha beneficiado a aproximadamente 30,000 trabajadores mexicanos y sus familias, protegiendo sus derechos laborales y previniendo abusos por parte de empleadores y empresas.
En respuesta a la queja laboral, el gobierno de Estados Unidos ha decidido suspender la liquidación de tarifas a las exportaciones de la planta de Volkswagen en Cuautlancingo. La denuncia original fue recibida por la USTR el pasado 25 de abril, presentada por un grupo de extrabajadores que afirmaron haber sido despedidos en represalia por sus actividades sindicales y de negociación del contrato colectivo.
Tras revisar la denuncia durante un periodo de 30 días, la USTR encontró fundamentos suficientes para solicitar al gobierno de López Obrador que invoque el MRR para resolver el caso. Ahora, el gobierno mexicano tiene un plazo de 10 días para aceptar o rechazar la solicitud. Si acepta, dispondrá de otros 45 días para concluir la investigación y presentar los resultados.
Este llamado a la acción subraya la importancia de proteger los derechos laborales en todos los niveles y refleja la vigilancia continua de Estados Unidos sobre el cumplimiento de las normas laborales estipuladas en el .