De la Redacción

El cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortiz, ha admitido su culpabilidad en un caso que lo vincula a actividades prohibidas bajo una ley federal estadounidense.

Según información publicada por la revista Rolling Stone este miércoles, Ortiz confesó haber participado en una conspiración para realizar transacciones con un promotor mexicano señalado por sus nexos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso gira en torno a la Ley Kingpin, oficialmente conocida como la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, que impide a ciudadanos y empresas de Estados Unidos establecer cualquier tipo de relación comercial con individuos o entidades asociadas al narcotráfico. En este contexto, Ángel Del Villar, director de DEL Records —el sello discográfico que lanzó la carrera de Ortiz y uno de los más influyentes en la música mexicana en el país norteamericano—, enfrenta cargos por violar dicha legislación al mantener vínculos con Jesús "Chucho" Pérez Alvea, un promotor sancionado por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el fiscal federal adjunto Alexander Schwab, Ortiz aceptó un cargo por "conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado" y está dispuesto a testificar contra Del Villar en el juicio que se lleva a cabo en una corte federal de Los Ángeles. Schwab reveló que, en 2018, agentes del FBI advirtieron al cantante sobre la situación de Pérez, quien había sido incluido en la lista de sancionados por lavar dinero para el CJNG.

A pesar de la advertencia, Ortiz continuó colaborando con el promotor y llegó a realizar 19 presentaciones bajo su gestión, una decisión que, según la Fiscalía, fue influenciada directamente por Del Villar.

Documentos judiciales detallan que, en abril de 2018, Ortiz viajó en un avión privado desde el aeropuerto de Van Nuys, California, hasta Aguascalientes, México, para un concierto organizado por Pérez, cuyo pago se realizó con una tarjeta de crédito vinculada al promotor. Además, entre 2018 y 2019, el cantante se presentó en al menos cuatro eventos adicionales en Baja California, Guanajuato y Chiapas, todos coordinados por Pérez y con el conocimiento o la autorización de Del Villar y Luca Scalisi, director financiero de DEL Records.

Ambos ejecutivos fueron arrestados en junio de 2022 como parte de la investigación.

Ortiz, quien en el pasado fue nominado al Grammy y se consolidó como una figura clave en el género regional mexicano, enfrenta ahora las consecuencias de sus decisiones.

En el juicio, se espera que el cantante relate cómo el FBI lo instó a cortar lazos con Pérez y cómo, a pesar de ello, Del Villar lo persuadió para seguir adelante con los conciertos. Este escándalo no solo sacude su carrera, sino también la reputación de DEL Records, un pilar en la industria musical latina en Estados Unidos.