De la Redacción
Ciudad de México.- De enero a julio de este año se documentaron 32 víctimas del delito de extorsión a nivel nacional cada 24 horas. En 2025 se registraron 33 personas afectadas diariamente y en 2024, 30.
En los primeros siete meses de 2026 hubo 6 mil 702 víctimas, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 7 mil 4 y en igual lapso de 2024, 6 mil 358, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre las entidades que encabezan este ilícito de enero a julio de 2026 se encuentran la Ciudad de México, con mil 52 víctimas; el Estado de México, con mil 9, y Guanajuato, con 822.
Durante el mismo periodo de 2025 donde se documentó el mayor número de afectados fue el Estado de México, con mil 634; la Ciudad de México, con mil 4, y Guanajuato, con 889. Mientras que en 2024 el Estado de México registró 2 mil 143 víctimas; Guanajuato, 666, y Veracruz, 569.
Carlos Hernández Vázquez, director de la firma Nzaya, especializada en consultoría estratégica en seguridad, inteligencia, cumplimiento y Estado de derecho, señala que la estrategia federal es necesaria y contiene componentes adecuados, pero el siguiente reto es hacerla más preventiva, focalizada y territorial.
“Las cifras muestran variaciones entre 2024, 2025 y 2026, pero si observamos con detenimiento, el patrón se mantiene. Eso sugiere que, aunque las autoridades actúan, la extorsión conserva una presencia estructural y sigue siendo una actividad de alto valor para los grupos criminales. Por eso necesitamos entender mejor cómo se comporta el delito en cada territorio, grupo criminal, sector productivo”, asevera Hernández.
Sostiene que no basta con reaccionar ante casos aislados; hay que identificar redes, flujos financieros, facilitadores, así como vulnerabilidades. Indica que la impunidad, la corrupción —tanto en el sector público como en el privado— y la falta de confianza en las autoridades reducen los incentivos para denunciar y facilitan la reproducción del delito.
Refiere que cuando la respuesta institucional es débil, pagar la extorsión termina convirtiéndose en un mecanismo informal de supervivencia de las empresas, y eso fortalece el mercado delictivo.
“Además, existen estrategias que deben articularse entre sí. Un ejemplo es la prevención de lavado de dinero… Muchas actividades vulnerables forman parte de cadenas de valor productivas en los estados. Si coordinamos inteligencia criminal, análisis financiero, autoridades locales y sectores económicos, podríamos reducir no sólo las fuentes ilegales de ingreso del crimen organizado, también su capacidad para mover, transformar y lavar esos recursos”, enfatiza el director de Nzaya.
Juan Carlos Montero Bagatella, profesor especialista en seguridad de la Universidad de Monterrey (UDEM), dice que el delito de extorsión es de los pocos que no han logrado disminuir en este gobierno, lo que expresa su complejidad y la incapacidad gubernamental para entenderlo, enfrentarlo, así como para sancionar.
“El crecimiento de los delitos puede no ser un mal dato… Muestra que la ciudadanía está comenzando a confiar en el gobierno y denunciando el delito”, comenta. Abunda en que es necesario reconocer que la extorsión es un delito que se encuentra extendido a lo largo y ancho del país.
“Sólo cuando hay algún escándalo o situación crítica volteamos a verlo, como sucedió con el aguacate en Michoacán, pero sólo es necesario recordar la extorsión a los distribuidores del pollo en Chilpancingo, Guerrero”, remarca Montero Bagatella. Externa que también hay extorsión en piso y telefónica, no todo es federal, también se requiere intervención estatal.
Gerardo Álvarez, analista de políticas públicas en México Unido Contra la Delincuencia, dice que los datos del Secretariado Ejecutivo deben utilizarse con cautela, porque la extorsión reporta una de las mayores cifras negras.
“Los incentivos para denunciar, por ejemplo, no siempre están alineados debido al miedo, desconfianza a la autoridad, la percepción de que no es probable que haya una resolución del caso… En este sentido, quizás estos datos son indicadores más de denuncia que de incidencia delictiva en sí”, dice.
El analista califica como importante que el Estado logre distinguir entre la extorsión como acto individual, por ejemplo, ciertas circunstancias que se dan en el momento y, por otro lado, la extorsión sistémica o estructural que está relacionada con fenómenos más complejos de gobernanza criminal, redes de macrocriminalidad, relación entre política y redes delincuenciales, el control del territorio.
Con información de EL Universal