De la Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. La denuncia fue ingresada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y el caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los Señalados por la Justicia Estadounidense

De acuerdo con el Departamento de Justicia, además de Rocha Moya, los acusados son:

• Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República por Morena.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado.
• Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de Sinaloa.
• Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa.
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, comandante de la Policía Estatal Preventiva.
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

A los 10 se les imputa haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir “grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Señalamientos de la DEA y la Fiscalía

Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), afirmó que la acusación “pone al descubierto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses”. Añadió que los acusados “presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”.

El fiscal Jay Clayton sostuvo que el Cártel de Sinaloa y otros grupos “no podrían operar tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas en su nómina”. Indicó que “el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar”.

El documento señala que los imputados habrían desempeñado funciones como proteger a líderes del cártel de investigaciones, facilitar información sensible de fuerzas de seguridad y del Ejército, ordenar a policías estatales y municipales que resguardaran cargamentos de droga, y permitir actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido “millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico”.

Vínculos con “Los Chapitos”, Según la Acusación

La fiscalía estadounidense sostiene que los acusados están ligados a la facción de “Los Chapitos”. En el caso de Rocha Moya, afirma que llegó al cargo de gobernador “después de que Los Chapitos presuntamente le ayudaron a salir elegido mediante, entre otras cosas, el secuestro y la intimidación de sus rivales”.

También señala que Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de Sinaloa, habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de protección e información sobre operativos. Sobre Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, indica que presuntamente recibía más de mil 600 dólares al mes y que, en octubre de 2023, habría ayudado a “Los Chapitos” a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar, quienes posteriormente fueron asesinados.

Respuesta del Gobernador Rocha Moya

Tras darse a conocer las imputaciones, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos. En un posicionamiento publicado en sus redes sociales, aseguró que las acusaciones carecen de veracidad y fundamento y que serán desmentidas “con toda contundencia, en el momento oportuno”.

Rocha Moya señaló que el caso “trasciende el ámbito personal” y lo enmarcó en un contexto político. “El ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, expresó. Añadió que las imputaciones forman parte de una “perversa estrategia” que busca vulnerar el orden constitucional y la soberanía nacional.