De la Redacción

En una sesión cargada de intensos debates entre las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer este recurso como pilar en la defensa de los derechos humanos y el control constitucional.

La reforma, que modifica los artículos 103 y 107 de la Constitución, introduce cambios clave para agilizar los procesos judiciales y garantizar una justicia más efectiva.

Entre las principales modificaciones, se establece que los amparos por interés legítimo deben demostrar una lesión jurídica real, actual y directa, asegurando beneficios concretos para quien los promueve. Además, se prohíbe otorgar suspensiones con efectos generales contra normas, limitando los fallos a los solicitantes, un punto que generó fuerte controversia.

En materia fiscal, se declara improcedente el recurso administrativo contra créditos fiscales firmes y se regula el conocimiento de estos casos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con excepciones específicas.

La reforma también moderniza los procedimientos: las promociones podrán presentarse por escrito o electrónicamente, sin obligar al uso de medios digitales, y todas las autoridades deberán registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial.

Entidades públicas quedarán exentas de presentar garantías, y se implementan medidas contra el uso dilatorio de recusaciones. En cuanto a suspensiones, los jueces analizarán el interés social y la apariencia del buen derecho, evitando daños irreparables o afectaciones al orden público.

Un ajuste relevante en el régimen transitorio garantiza que los casos en trámite seguirán las reglas vigentes al inicio de su proceso, tras modificaciones propuestas por las comisiones de Justicia y Hacienda. Además, se establecen plazos estrictos: 10 días para requerir documentos sin prórrogas, salvo excepciones, y un máximo de 60 días para dictar sentencia tras la audiencia.

Con reservas presentadas a múltiples artículos de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el debate en lo particular promete mantener las tensiones entre las bancadas.