De la Redacción
Familias de San Andrés Cholula, Puebla, fueron desalojadas violentamente de sus viviendas debido a una orden judicial emitida en Oaxaca, en un caso que revela una presunta red de corrupción entre particulares, jueces y notarios.
En un hecho que ha generado indignación, varias familias de la Colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, Puebla, fueron desalojadas de sus hogares por una orden judicial emitida en Oaxaca, a pesar de no estar involucradas en el juicio que motivó el desalojo. El caso expone un presunto cártel inmobiliario que operaría mediante adjudicaciones fraudulentas, utilizando documentación falsa y colusión con autoridades judiciales.
El conflicto surgió a raíz de un juicio ejecutivo mercantil en Oaxaca, donde Emma Dulce Flores Hernández reclamaba a Ángel Andrés Bustos Flores una deuda de un millón de pesos. Como supuesta garantía de pago, Bustos Flores ofreció un predio de 720 metros cuadrados en Puebla, el cual, según los afectados, nunca fue de su propiedad.
Pese a ello, el juez Paulino Coronel Díaz, del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, autorizó la ejecución de la cláusula de posesión del inmueble, ordenando el desalojo de cinco viviendas el pasado 16 de julio. Lo más grave es que la orden judicial describía el terreno como "baldío", cuando en realidad se trataba de casas habitadas desde hace años.
Entre las víctimas se encuentran Juan Carlos Ruiz Ortega y su pareja Juana Santos, quienes adquirieron su casa en mayo de 2023 mediante un crédito Infonavit, con todos los documentos legales en regla. A pesar de ello, fueron sacados a la fuerza por policías y civiles armados, sin que su propiedad fuera respetada.
Otras familias afectadas, como las de Mauricio Figueroa, Adán Larracilla y Ligia Sared, también perdieron sus hogares, sin que existiera relación alguna con la deuda en cuestión. Juana Santos denunció que la orden judicial ni siquiera correspondía a la realidad, pues las viviendas estaban construidas y habitadas desde hace tiempo.
Un día después del desalojo, el 17 de julio, los afectados se reunieron cerca de las casas tomadas, pero fueron intimidados por sujetos en vehículos sin placas. Ante la falta de respuesta, interpusieron una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía de Puebla y gestionaron amparos con asesoría del gobierno estatal. Sin embargo, a más de diez días del hecho, no han logrado recuperar sus propiedades.
Ante el escándalo, el Poder Judicial de Oaxaca emitió un comunicado en el que promete esclarecer el caso. La Visitaduría General del Consejo de la Judicatura investigará el actuar del juez Coronel Díaz, asegurando que actuarán con "firmeza" si se comprueban irregularidades. "Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, el combate a la corrupción y la transparencia", afirmó la institución, encabezada por la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Además, se comprometieron a colaborar con las autoridades poblanas para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, no dudó en respaldar a las víctimas. Reconoció públicamente la existencia de un cártel inmobiliario que ha infiltrado instituciones clave, bautizándolo como el "Cártel del Despojo". Sus palabras resonaron como una esperanza para los afectados, pero también como un señalamiento directo a las fallas en el sistema que permitieron este atropello. Sin embargo, la investigación enfrenta obstáculos. La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Idamis Pasto Betancout, señaló que las pesquisas se han detenido porque el Poder Judicial de Oaxaca no ha proporcionado la información solicitada, argumentando que están en periodo vacacional.