De la Redacción
La próxima semana, la Cámara de Diputados discutirá una propuesta que podría generar un cambio significativo en la administración de varios órganos autónomos en México.
Según Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena, la iniciativa contempla la desaparición de siete de estos entes, lo cual permitiría un ahorro anual estimado en 100 mil millones de pesos. Estos recursos, asegura Jiménez, estarían destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, fortaleciendo programas sociales enfocados en los sectores más vulnerables del país.
El dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales establece que las facultades y obligaciones de los órganos autónomos serían transferidas a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiría la competencia de regular el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los partidos políticos.
Los siete organismos autónomos que se incluirían en esta reestructuración son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Jiménez explicó que, desde su creación hasta 2024, estos organismos autónomos han recibido una asignación acumulada de 32 mil 313 millones de pesos, una inversión significativa que ahora se busca optimizar redirigiendo sus funciones a instancias gubernamentales que ya operan en ámbitos relacionados. "Esta medida permitirá que los recursos se utilicen de manera más eficiente y se enfoquen en el bienestar de la ciudadanía, especialmente en el área de pensiones", señaló.
De aprobarse, la reforma marcaría un giro en la política de administración pública, ya que estos entes, originalmente diseñados para operar de forma independiente, pasarían a formar parte de las dependencias federales, centralizando sus funciones. Esta propuesta ha generado opiniones encontradas: mientras algunos sectores valoran los beneficios de redistribuir los recursos hacia áreas prioritarias, otros advierten sobre la posible pérdida de imparcialidad y autonomía en las funciones que estos organismos desempeñan.
El debate, que se prevé tendrá lugar entre el 11 y el 14 de noviembre, no solo aborda la reducción de gasto, sino también la revisión del papel que estos organismos han tenido en la vida pública del país. La iniciativa marca un momento decisivo sobre cómo el Estado gestionará y fiscalizará áreas como la transparencia, la competencia económica, la regulación energética y las telecomunicaciones en los próximos años.