De la Redacción

En una resolución histórica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reciente reforma al Poder Judicial se mantiene vigente y es legal.

La decisión llegó luego de que los ministros desestimaron los argumentos presentados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes habían solicitado que la Corte analizara la constitucionalidad de los cambios aprobados en las normas del Poder Judicial de la Federación.

La discusión abordó un tema clave: si los partidos políticos nacionales pueden presentar recursos de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales. Aunque se debatió la posibilidad de modificar el criterio que en anteriores ocasiones había impedido dicha práctica, la mayoría de los ministros decidió rechazar esta vía. Al final, la falta de consenso dentro de la Corte llevó a la ratificación de la reforma sin cambios.

El momento crítico llegó cuando el ministro Alberto Pérez Dayán se opuso a invalidar partes de la reforma, argumentando que el máximo tribunal no tiene la facultad de definir qué debería incluir o excluir la Constitución. “Resolver en el sentido que propone la propuesta sería... responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente”, afirmó Pérez Dayán, poniendo fin a las posibilidades de que el bloque de ocho votos requeridos se formara.

A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, autor del proyecto que buscaba impugnar la reforma, reconoció tras un receso que su propuesta no alcanzaría el respaldo necesario. “No creo que sea correcto entrar al fondo del asunto... las reglas del juego no se establecen en plena jugada”, señaló, dando así por cerrada la discusión.

La ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionó el enfoque de desestimar la reforma sin un análisis de fondo, advirtiendo que esto podría dejar abierta la puerta a futuras impugnaciones vía amparos. No obstante, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, aclaró que la Constitución establece claramente que si no se logran los ocho votos requeridos, el proyecto debe desestimarse sin necesidad de pronunciarse sobre la validez.

Con este fallo, la reforma al Poder Judicial continúa vigente, dejando claro que la Suprema Corte mantiene su postura de no intervenir en reformas constitucionales mediante acciones de inconstitucionalidad. Esta decisión subraya los límites del poder judicial en México respecto a la revisión de la Constitución y plantea interrogantes sobre el alcance de futuras reformas y su impugnabilidad.