De la Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto hoy una controversia para determinar si tiene las facultades necesarias para revisar y, en su caso, anular la reforma judicial recientemente aprobada.

Esta acción se da en medio de advertencias de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes han calificado la posible revisión de la reforma como un intento de generar una crisis constitucional e incluso lo han tachado de "actitud golpista".

Con una votación de ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte decidió iniciar el proceso, previsto en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (PJF). Este artículo establece procedimientos para resolver conflictos dentro del Poder Judicial. A partir de esta decisión, la petición de jueces y magistrados de revisar la reforma, que busca someter a votación popular a todos los juzgadores del país, será turnada a uno de los ministros para la elaboración de un proyecto que será discutido por el Pleno.

Posibles escenarios

El proyecto podría concluir que es improcedente que la SCJN revise el contenido de la Constitución, manteniendo la tradición de no intervenir en las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el tribunal determine que, en este caso, sí puede revisar la reforma judicial, lo que marcaría un precedente histórico.

¿Un golpe de Estado?

El debate ha generado fuertes declaraciones, sobre todo por parte de la ministra Lenia Batres, quien ha advertido que si la SCJN revisa la reforma se estaría dando un "golpe de Estado". Batres sostiene que permitir a la Suprema Corte revisar reformas constitucionales abriría la puerta para que esta revise cualquier modificación a la Constitución, subordinando así al Poder Legislativo y al poder reformador, que representa directamente al pueblo soberano.

"La SCJN actúa de manera tiránica, despótica y autoritaria al tratar como inferiores jerárquicos a tales poderes, incluso al poder reformador, que tiene representación directa del pueblo", señaló Batres en un enérgico discurso.

Reacción del Senado

En respuesta a la decisión de la Corte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la SCJN de tener un carácter "faccioso" y de posicionarse por encima del Poder Legislativo. Fernández Noroña aseguró que ni la Suprema Corte ni el Poder Judicial tienen atribuciones para revisar los actos del Poder Legislativo y del soberano, que es el pueblo de México.

"No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, erigirse como supremo poder por encima del Legislativo, Ejecutivo y, sobre todo, del pueblo soberano", afirmó Fernández Noroña, quien además ratificó que la elección de los juzgadores se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, "lo quiera o no la Suprema Corte".

La controversia promete escalar en los próximos días, dado que las decisiones de la SCJN podrían redefinir el equilibrio de poder entre las distintas ramas del gobierno y la interpretación del papel de la Constitución en la democracia mexicana.