Ray García G 

Diario El Mundo 

Maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 32 se manifestaron este día en diversos municipios de la zona centro del estado de Veracruz para exponer diversas irregularidades y hacer público un pliego petitorio.

En la zona centro los docentes se manifestaron en Orizaba, Río Blanco, Zongolica entre otros municipios, donde dieron a conocer su posicionamiento firme en el que exigen la destitución inmediata de dos funcionarias clave de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a quienes señala como responsables de una serie de violaciones graves a los derechos laborales del magisterio veracruzano.

Dieron a conocer un comunicado, dirigido a la gobernadora del estado, Norma Rocío Nahle García, y al secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, donde señala directamente a Neyra Arleth Bautista Mayorga, titular de la UPECE-USICAMM, y a Nidia Carilu Nava Palomec, directora de Educación Indígena. Ambas son acusadas de conducir sus áreas con una actitud unilateral, arbitraria y excluyente hacia la representación sindical, además de incurrir en acciones que violentan la normatividad vigente.

Entre las problemáticas expuestas, el sindicato destaca el incumplimiento sistemático en la cobertura de vacantes docentes y directivas. 

Esta omisión ha dejado sin clases a miles de alumnos en diferentes niveles educativos, afectando su derecho a recibir una educación de calidad. Aun cuando existen plazas disponibles derivadas de jubilaciones, ascensos o fallecimientos, estas no se asignan en tiempo y forma bajo argumentos administrativos que el SNTE considera inválidos.

También denuncia una práctica cada vez más común por parte de la SEV: emitir órdenes de presentación con fechas distintas a los nombramientos formales, lo que genera pagos duplicados. Posteriormente, se exige a los trabajadores que devuelvan esas percepciones bajo amenaza de no reconocerles su nuevo puesto, obtenido legítimamente mediante procesos de evaluación. 

Esta situación representa una retención indebida del salario y una clara violación a sus derechos.

En el nivel de Educación Indígena, el sindicato acusó la contratación de personal sin el perfil adecuado, lo que ha desplazado a trabajadores con experiencia y derechos adquiridos. 

Además, señalaron que se han reactivado procesos administrativos ya concluidos para hostigar laboralmente a ciertos docentes, con el único fin de justificar acciones arbitrarias. 

En algunos casos, incluso se ha recurrido al uso de documentos apócrifos sin validez legal para respaldar contrataciones.

Otro punto central de la denuncia es la falta de transparencia y legalidad en los procesos de promoción. 

Desde 2019, cientos de trabajadores que ganaron concursos para obtener horas adicionales o ascensos directivos no han recibido los documentos oficiales que acrediten esos logros. 

Lo anterior impide su basificación y limita su desarrollo profesional y económico, sin que hasta ahora la autoridad educativa haya ofrecido una solución.

El SNTE también denunció que los procesos administrativos para cambios por salud, inseguridad o necesidad del servicio están siendo ignorados, a pesar de que han sido dictaminados como procedentes. 

En lugar de asignar los nuevos centros de trabajo, la SEV ha llegado a iniciar procedimientos por probable abandono de empleo, ignorando los dictámenes médicos del ISSSTE o las recomendaciones de la Fiscalía en casos de riesgo.

El sindicato también señaló que más de 3,600 trabajadores enfrentan una situación de irregularidad administrativa, ya que laboran en un centro de trabajo distinto al que aparece en su nómina.

 Esta discrepancia los deja sin protección médica en caso de accidentes, les impide participar en procesos de mejora laboral y afecta su seguridad social. A pesar de que el decreto presidencial reciente contempla una vía de regularización, esta ha sido operada sin tomar en cuenta a la organización sindical.

Por otro lado, la organización manifestó su preocupación por el uso de mecanismos de intimidación y control a través de correos institucionales, en los que se amenaza a los trabajadores con consecuencias graves por supuestas omisiones en su declaración patrimonial, aun cuando han cumplido con dicha obligación.

En el comunicado, el SNTE también acusó el incumplimiento de un decreto presidencial que garantiza el derecho a la movilidad laboral del personal educativo. A pesar de que se emitieron lineamientos claros desde el Gobierno de la República, la titular de la UPECE-USICAMM ha desoído el marco legal y elaborado criterios propios, excluyendo de los procesos a trabajadores con pleno derecho, e ignorando por completo a la representación sindical.

Por todo lo anterior, la Sección 32 del SNTE exige la destitución inmediata de Neyra Arleth Bautista Mayorga y Nidia Carilu Nava Palomec, a quienes responsabiliza de actuar con negligencia, exclusión, abuso de autoridad y desacato a los acuerdos institucionales.

 El sindicato advierte que el respeto a la legalidad y la participación sindical no son negociables y llama al Gobierno del Estado a construir una administración educativa propositiva, con visión, responsabilidad y respeto hacia quienes hacen posible la educación pública en Veracruz.

“La unidad no es un discurso; es una decisión política y ética. Y hoy reafirmamos esa decisión”, concluye el posicionamiento del SNTE, que mantiene su compromiso con la defensa de los derechos del magisterio y con el diálogo institucional como vía para transformar el sistema educativo.