De la Redacción

Un reciente informe basado en datos de la Secretaría de Salud (SSA), procesado con herramientas como Python, Pandas y Plotly, ha sacudido a la sociedad mexicana al revelar 30 casos de nacimientos en 2024 protagonizados por madres de apenas 10 a 12 años.

La tabla, que se viralizó en redes sociales, detalla los municipios, las edades de las madres y los padres, así como las marcadas diferencias de edad entre ambos, que en algunos casos alcanzan los 53 años. Este panorama ha desatado indignación y un urgente llamado a la acción.

El caso más alarmante ocurrió en Texcoco, Estado de México, donde una niña de 10 años dio a luz y el padre, de 32 años, tenía una diferencia de edad de 22 años. En El Oro, también en el Estado de México, una menor de 12 años fue madre de un bebé cuyo padre tenía 65 años, marcando una brecha de 53 años. En Veracruz, municipios como Jaltipan, Pánuco, Xalapa y Coscomatepec reportaron nacimientos de niñas de 11 y 12 años con padres mayores de 40 años. En Puebla, casos en la capital, Izúcar de Matamoros y Tehuacán involucraron madres de 11 y 12 años con padres de 32 y 33 años.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 108 embarazos en niñas menores de 10 años, 155 en niñas de 11 años, 254 en niñas de 12 años y 1,144 en menores de 13 años. En 2024, 14 estados reportaron casos de maternidad infantil con edad conocida del padre, siendo Puebla y Chiapas los más afectados, con cinco y cuatro casos respectivamente, seguidos por Veracruz, Guerrero, Colima, Nuevo León, Estado de México y Chihuahua.

La difusión de estos datos ha generado una ola de indignación en redes sociales. Usuarios han calificado los casos como evidencia de abuso infantil, exigiendo que se investiguen como delitos y no como simples estadísticas. “Esto no es una lista de nacimientos, es un registro de violaciones”, expresó una internauta. El movimiento feminista Marea Verde, que aboga por la despenalización del aborto, señaló: “Estos datos no necesitan un título, necesitan acciones urgentes”.

La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer políticas públicas para prevenir el abuso sexual infantil, promover una educación sexual integral y garantizar atención especializada para las víctimas.