Ray García G.
Diario El Mundo
La reciente difusión de imágenes grabadas en Orizaba en las que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) utilizan bastones retráctiles contra personas migrantes ha desatado un nuevo episodio de críticas hacia los métodos de contención empleados por esta institución.
Este tipo de acciones pueden constituir un uso excesivo de la fuerza y representar una violación a los principios fundamentales de los derechos humanos, señaló, el especialista en derecho y analista político, Juan Hernández Mercado.
El material gráfico muestra a los agentes utilizando fuerza física contra migrantes desarmados, sin que se observe resistencia agresiva por parte de las personas intervenidas.
Además, en los registros se aprecia que los elementos del INM ocultan los toletes al percatarse de que están siendo grabados, lo que ha sido interpretado como un indicio de la posible conciencia de irregularidades en su proceder.
El uso de la fuerza en operativos migratorios en México debe cumplir criterios internacionales y nacionales, como los establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la legislación mexicana, que indican que cualquier acción de este tipo debe ser proporcional, necesaria y racional, privilegiando siempre el diálogo y métodos no violentos antes de recurrir a medidas coercitivas, dijo.
El empleo de instrumentos de control, como bastones retráctiles, está reservado para escenarios donde exista una amenaza real para la integridad física de las autoridades o de terceros, condición que no se configura en el contexto de migrantes desarmados.
Los especialistas recordaron que la migración irregular no constituye un delito en México, sino una falta administrativa, por lo que las personas migrantes no deben ser tratadas como delincuentes ni sometidas a prácticas que vulneren su dignidad.
La actuación del INM ha sido puesta bajo escrutinio no sólo por el uso de la fuerza, sino también por el perfil institucional que ha adoptado en los últimos años, marcado por una estrategia de contención sin enfoque humanitario.
El llamado es a fortalecer la vigilancia ciudadana y la denuncia ante organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales, con el objetivo de evitar la normalización de prácticas que criminalizan la migración y perpetúan patrones de violencia institucional.