Ray García G.

Diario El Mundo

Vecinos de la colonia San Juan en Orizaba defienden el estatus de vía pública la calle del Acueducto, una vía de camino que ha servido de calle por más de cuarenta años.

Rubiel Ponce, presidente del comité vecinal, señalaron públicamente en rueda de prensa, lo que consideran un intento de despojo por parte de particulares que, aseguran, no han demostrado ni la propiedad ni la posesión legal del terreno.

La calle en cuestión ha sido utilizada como vía pública desde hace más de cuatro décadas, según documentos en poder de los habitantes, entre ellos escrituras fechadas desde 1976 que establecen la existencia de una servidumbre de paso perpetua.

“No se trata de un camino improvisado ni de un terreno baldío, sino de una vialidad integrada a la comunidad desde hace generaciones”, recalcó Ponce durante la rueda de prensa.

Dijo que los presuntos propietarios alegan haber adquirido el terreno mediante un remate derivado de un juicio laboral en 2006. No obstante, no han presentado escrituras que respalden su reclamo, ni han probado la posesión del predio, punto clave que el Código Penal de Veracruz exige para configurar un posible caso de despojo.

“La ley es clara: el delito de despojo no protege la propiedad en sí, sino la posesión. Y quienes hoy reclaman jamás han tenido posesión de esta calle”, enfatizó el representante vecinal, quien también denunció que esta situación no es nueva, sino el reflejo de años de abandono por parte de autoridades municipales.

Desde 2002, los vecinos han gestionado la pavimentación de la calle, sin mayores avances hasta 2020, cuando retomaron el proceso con apoyo legal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

De acuerdo a los vecinos, hay investigaciones recientes que confirmaron que los derechos de los extrabajadores vinculados al juicio laboral quedaron extinguidos.

Uno de los hechos más controvertidos ocurrió en 2012, cuando —según relatan— los presuntos propietarios intentaron vender la calle al ayuntamiento exigiendo una suma significativa, pese a que desde 1997 el lugar carecía de infraestructura hidráulica y ya no tenía valor funcional para servicios básicos.

Ponce también criticó la falta de atención por parte de anteriores administraciones municipales a quienes solicitaron la pavimentación sin hacerles caso, fue hasta en este periodo de gobierno que se les concedió la obra pues era una necesidad para cientos de vecinos que pasan por dicha calle.

Los vecinos han solicitado a las autoridades municipales y estatales que intervengan para reconocer de manera formal el estatus de la calle como vía pública y así evitar nuevos intentos de apropiación.

En su defensa, no solo hay documentos y años de gestión, sino el uso diario y constante que da cuenta de un espacio comunitario que resiste ante intereses particulares.