(Foto: Archivo)
De la Redacción
Santa Cruz, Bolivia.- La Fiscalía del departamento de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de captura en contra del ex presidente Evo Morales y otras personas por diversos cargos relacionados con alteraciones del orden público, informó a través de un comunicado en redes.
En el documento se señala a Morales y a sus coacusados, cuyo nombre no se precisó, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
La acción se deriva de una querella presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno. La denuncia fue interpuesta a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.
El ex presidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos, "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.