De la Redacción
En un fallo que ha desatado controversia, la Corte Suprema de Estados Unidos, con una votación de 6-3, dio su respaldo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que permite denegar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales nacidos en 28 estados del país.
La decisión, celebrada por Trump como un triunfo histórico, restringe la capacidad de los tribunales federales para bloquear medidas presidenciales a nivel nacional, marcando un hito en su agenda migratoria.
El dictamen autoriza a los 28 estados afectados, en su mayoría de tendencia republicana, a implementar la orden ejecutiva que elimina el derecho automático a la ciudadanía para niños nacidos en territorio estadounidense si sus padres son indocumentados o poseen visas temporales. Esta medida rompe con una tradición arraigada en la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el fallo no aborda la constitucionalidad de la orden, dejando el debate abierto para futuros litigios.
Implicaciones legales y políticas
La resolución implica que las demandas contra la medida de Trump solo tendrán efecto en los estados donde se presenten, perdiendo su alcance nacional. Esto abre la posibilidad de que el presidente reactive otras políticas migratorias previamente bloqueadas, como restricciones a solicitantes de asilo o medidas de seguridad nacional. En un mensaje en redes sociales, Trump proclamó: “¡Una victoria monumental! Los jueces activistas ya no detendrán nuestras políticas”. En una conferencia posterior, añadió que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es “una reliquia obsoleta” que debía eliminarse.
Impacto en comunidades migrantes
La decisión afecta directamente a millones de familias, especialmente a las de origen latino, cuyos hijos nacidos en Estados Unidos podrían perder su ciudadanía en los estados donde la orden entre en vigor. Este cambio genera incertidumbre para comunidades migrantes en estados como Texas, Arizona o Georgia, donde las políticas antiinmigrantes han ganado terreno.
Reacciones encontradas
El fallo ha generado reacciones polarizadas. La procuradora general Pam Bondi lo calificó como un paso hacia la soberanía del poder ejecutivo, mientras que la jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, lo describió como “un ataque al estado de derecho” que podría fragmentar los derechos constitucionales según la geografía. Expertos legales advierten que la limitación del poder judicial para frenar órdenes ejecutivas podría tener consecuencias más allá de la inmigración, afectando áreas como salud, medio ambiente o derechos laborales.
¿Qué sigue?
Aunque la Corte Suprema permitió la aplicación inmediata de la orden en los 28 estados, aclaró que no resuelve el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la medida. Esto sugiere que los tribunales inferiores seguirán siendo un campo de batalla legal, con posibles recursos que podrían extenderse durante meses o años. Mientras tanto, Trump ha anunciado planes para reactivar otras iniciativas migratorias, intensificando su enfoque en seguridad fronteriza y control migratorio.