De la Redacción 

Ex presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y destacados liderazgos del tricolor han impugnado la reelección del líder nacional del partido, Alejandro "Alito" Moreno, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Argumentan que las reglas bajo las cuales se llevó a cabo la votación del domingo pasado aún no han sido validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el juicio presentado por los ex presidentes del PRI, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, se solicita que la Sala revoque el acuerdo que declara la validez del proceso interno ordinario de elección, en el cual se declaró electa la fórmula integrada por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria como titulares de la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI para el periodo estatutario 2024-2028.

Además de los ex presidentes, otros liderazgos priistas, como José Encarnación Alfaro, José Ramón Martel y Fernando Lerdo de Tejada, también presentaron un juicio de la ciudadanía.

José Ramón Martel declaró que, a su juicio, la elección fue "fraudulenta, ilegal, basada en documentos que ni siquiera están sancionados por el INE".

Los priistas inconformes, que incluyen a ex gobernadores, enviaron un documento al INE solicitando a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos que rechace las modificaciones a los estatutos del partido que permitieron la reelección.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI justificó estas reformas mencionando un precedente de 2018, en el que se permitió al partido Morena realizar su proceso interno en agosto de ese año.

Sin embargo, los priistas opositores argumentan que este precedente no es aplicable al PRI, ya que en aquel momento la elección estaba cerrando.

En su documento, los opositores indican que las irregularidades observadas en conjunto muestran un incumplimiento de los requisitos indispensables para realizar el proceso de reforma a los documentos básicos del partido, afectando los principios democráticos que deben guiar estas decisiones.

Señalan que no se permitió a todas las personas delegadas en la Asamblea Nacional contar con los elementos necesarios para tomar una decisión informada.

El próximo 18 de agosto se cumplen 30 días naturales para que el INE tome una decisión sobre las reformas a los estatutos del PRI. Sin embargo, la ley permite un periodo adicional de 10 días para recibir documentación adicional si es necesario.