De la Redacción

Arturo Soto Medina, un trabajador del Ayuntamiento de Minatitlán con años de servicio en el área de alumbrado público, vivió una pesadilla de cuatro meses en prisión por un delito que nunca cometió: secuestro.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre —designada por la gobernadora Rocío Nahle García en diciembre de 2025—, lo acusó en 2022 de un secuestro ocurrido el 22 de febrero de ese año… fecha en la que Soto Medina estaba laborando y luego asistiendo a una escuela en Capoacan, a 300 kilómetros del lugar del crimen.

“Desde el primer momento dijimos que era un atropello y una injusticia, porque él se llama igual que el presunto delincuente”, explicó su abogada, Victoria Eugenia Morales Aguirre.

A pesar de las pruebas que demostraban su inocencia —incluyendo registros laborales y educativos—, la Fiscalía insistió en mantenerlo preso. Durante esos cuatro meses, la dependencia nunca presentó pruebas contundentes ante el juez, argumentando “falta de personal” y “periodos vacacionales”.

El juez finalmente determinó el sobreseimiento del caso y la libertad absoluta de Soto Medina este fin de semana, al comprobarse que se trató de una grave equivocación de identidad.

La abogada Morales Aguirre denunció que en la última audiencia, la Unidad Especializada contra el Secuestro (UECS) envió cuatro fiscales que “se nos fueron a la yugular con todo” en un intento desesperado de mantenerlo preso. “Si hubiera sido por ellos, don Arturo se hubiera quedado adentro. No entendieron que la justicia es ciega y que no hay ricos ni pobres, solo la verdad de los hechos”.

Ahora, la familia evalúa demandar por daño moral a la Fiscalía, tras el sufrimiento emocional, económico, familiar y físico que sufrió Soto Medina durante su encierro injusto.

La anterior fiscal, Verónica Hernández Giadáns, tampoco atendió los documentos que desde el principio demostraban la ilegalidad de la detención.