Niega acoso funcionario de CASF

Ana De la Luz

El Mundo de Córdoba

Región.- El ex contralor y actual asesor de esa área en la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), Sergio Jiménez Soto, reiteró su rechazo a la acusación en su contra de ejercer acoso laboral contra la empleada sindicalizada Ana Beatriz Escobar López, aunque aceptó que ésta última cuenta con un máximo de 60 días para presentar su cédula y título profesional y continuar con el cargo.

“Se requiere exigencia y profesionalismo. El que se le haya pedido a la empleada sindical su título y su cédula para ejercer el encargo de jurídico es para que realice sus actividades propias apegadas tanto a derecho como a normatividad. No existe en ningún momento ningún acoso para ella ni para los funcionarios dentro de la Comisión ya que a todos por igual se les exige el cumplimento de su trabajo”, dijo.

En rueda de prensa donde estuvo acompañado del jefe de la unidad jurídica de ese organismo, Christopher Iván Verdejo. El también ex regidor en la administración pasado, enfatizó que dentro de las mismas “exigencias”, aun cuando en su caso inició como contralor, cargo que ejerció los primeros tres meses, justificó que se retiró de esa encomienda por ser un cargo que requiere mucha experiencia contable, y admitió que él no cubre el perfil.

Por su parte, Verdejo detalló que el ordenamiento a la empleada, se basa en la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional en el estado, que establece el catálogo de profesiones que tienen la obligación de presentar título y cédula para ejercer los cargos.

“De la empleada Ana Beatriz Escobar dentro del expediente como del procedimiento abierto de la Contraloría no existen antecedentes de que la trabajadora haya exhibido título y cédula para acreditar el cargo de licenciada en Derecho y conforme a la Ley estatal del Ejercicio Civil se estableció la suspensión de los efectos del nombramiento. No está despedida”, enfatizó.

Destacaron que la parte quejosa lleva tiempo trabajando en la CASF y que en la anterior administración era la encargada de la Unidad Jurídica. Comentaron que esperarán los tiempos que conlleva el proceso de la queja y que la empleada presente su documentación requerida. No aclararon si la suspensión implica un castigo de no recibir salario como ella acusó.

Dos empleados de confianza en la CASF han sido separados de sus cargos, en lo que va de la actual administración porque no eran compatibles, por ineficiencia y no reunían el perfil requerido, aseveró el ex contralor Sergio Jiménez Soto.