Diputados firman acción de inconstitucionalidad contra delito de ultrajes a la autoridad

Agencia AVC

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) En total, 18 de los 50 diputados locales apoyaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por objetivo echar abajo la más reciente reforma al código penal que sanciona el delito de ultrajes a la autoridad, también llamada: Ley Franco.

El documento fue respaldado por los 13 diputados de Acción Nacional, así como por los priistas Erika Ayala, Jorge Moreno y Rodrigo García Escalante; la diputada Ivonne Trujillo de Movimiento Ciudadano y Brianda Kristel Topete del PRD.

Para presentar la acción de inconstitucionalidad eran necesarios las firmas de 17 de los 50 diputados locales, sin embargo, el número se superó por uno.

El documento tendrá que ser presentado ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revocar el cambio. A la fecha el Congreso de Veracruz ha sido observado en más de 17 ocasiones por los juristas que revirtieron reformas a leyes locales.

El 11 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.

Con la reforma, se aplicará al responsable del delito de cinco a siete años de prisión cuando se actualice: que la agresión se hace entre dos o más personas portando instrumentos peligrosos, o se use violencia contra la víctima.

También se establece que el delito se configura si la agresión se da contra elementos de seguridad pública o policías del estado.

A la fecha se ha dado la detención de Rogelio Franco por romper la camisa de un ministerial, quien fue recluido por un periodo de ocho meses; se privó de la libertad al líder de los verificentros Eduardo Cásares Sort de Saenz, quien obtuvo su libertad tras el pago de una fianza.

Recientemente se dio el anuncio de la detención de ocho jóvenes de Orizaba que se encontraban en un estudio de tatuajes. La autoridad acusó ultrajes, en tanto la familia denunció que se trató de un montaje.