Ernestina, a 14 años

Jessica Ignot

El Mundo de Orizaba

El 25 de febrero de 2007 el municipio de Soledad de Atzompa vivió uno de los agravios mas grandes. Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahuahablante de 73 años había sido violada por elementos del Ejército Mexicano que tenían instalado un campamento en la comunidad de Tetlatzingo. Un día después ella murió.

A 14 años de esta vejación, el caso de Ernestina Ascencio Rosario no ha alcanzado justicia. El Estado Mexicano creó una “verdad histórica” al argumentar que la mujer murió a consecuencia de una gastritis crónica. “Verdad histórica” que se ha ido desplomando y el caso se encuentra hoy en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde organizaciones civiles han sido peticionarias para que se pueda alcanzar justicia y se castigue a los culpables, desde los soldados que ejecutaron la violación tumultuaria hasta las instancias de Gobierno, encargados de dependencias y el propio ex presidente Felipe Calderón y ex gobernador Fidel Herrera Beltrán que participaron en la construcción de una “verdad” muy ajena a la realidad.

A 14 años de la muerte de doña Ernestina, sus hijas siguen viviendo injusticias y cargando sobre su vida, una seria de violencias y violaciones a sus derechos, que las ha puesto en riesgo.

El Kalli Luz Marina participa, junto con otras organizaciones, como peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lissette Hernández Cruz, abogada y presidenta de esta institución señala que están solicitando que se haga justicia en el caso de doña Ernestina.

“Queremos que el Estado tomé algunas medidas para que esto no se vuelva a repetir nunca más y repare el daño que ha hecho no sólo a la familia, sino también a la comunidad y a la sociedad entera”, comentó.

El caso de la señora Ernestina, es un claro reflejo de la impunidad y la falta de justicia, de la fabricación de una verdad alejada a la realidad con la que se han violentado los derechos de la víctima y su familia.

María López de la Rica, fundadora de Kalli, detalla que en el caso de Ernestina se ha manipulado la verdad, que es bien conocido que en un primer informe pericial, arrojó que la señora había sido violentada. El médico legista certificó la violación mujer indígena por al menos tres personas y pasó el caso a la agencia especializada.

Las últimas palabras de Ernestina Ascencio fueron que “Pinome Xoxome (hombres de verde)”, señalando así a quien la había violado.

La noche del 24 de febrero de 2007, se instaló en la comunidad un campamento del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Un día después, mientras la mujer sacaba a sus ovejas a pasar, fue agredida sexualmente. Al día siguiente murió.

Primer informe

El primer informe del médico legista que hablaba de una violación tumultuaria no le gustó al entonces presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa, ya que el tan anunciado operativo México Seguro, en manos del Ejército Mexicano, estaba por iniciar.

Un dictamen de esa magnitud manchaba la imagen del Ejército Mexicano, por lo que el dictamen fue cambiado por un segundo informe: Ernestina murió de gastritis crónica y anemia.

Un segundo informe que fue avalado por el entonces gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán, incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.

Ante esta nueva y fabricada “realidad”, el caso de Ernestina Ascencio Rosario fue tomado por el centro de Derechos Humanos Heriberto Jara Corona y la AC Abogadas Jurídicas por los Derechos Humanos. Poco a poco otras organizaciones se han integrado a esta exigencia de justicia, entre ellos el Kalli Luz Marina.

a raíz de la violación y muerte de doña Ernestina, al “vapor” se abrió una agencia especializada en Zongolica, así como la apertura de una casa de la mujer indígena. Pero esto ha sido una simulaciónen donde el gobierno pretende hacer creer que sí se atiende la violencia contra las mujeres indígenas.

Sigue el retraso

La abogada Elizabeth Guevara Mitzi, también integrante del Kalli, señala que estas acciones no han sido suficientes porque aún a la fecha, las mujeres indígenas se siguen enfrentando a dilación en los procesos, mala integración de los procesos y malos tratos. La fiscalía especializada no cuenta ni siquiera con un traductor propio, el traductor se solicita cada vez que una mujer va a presentar una denuncia, solicitan prestado ese traductor a la fiscalía itinerante.

“Realmente no ha sido suficiente, no ha sido eficaz. A las mujeres la siguen revictimizando, incluso dentro de la fiscalía especializada hay un auxiliar que es hombre, y en lo particular si es solicitado que lo retiren dos o tres veces cuando acuden las mujeres a declarar porque su presencia les impone y no les permite a ellas hablar como debería”, comentó.

Aunado a esto no hay personal suficiente para atender los casos, lo que retrasan y los procesos. No se normaliza el proceso hasta dos meses o tres después.

El caso de la señora Ernestina Ascencio es un ejemplo de la peor realidad que pueden vivir las mujeres indígenas para el acceso a la justicia. A 14 años de su muerte no se ha alcanzado la justicia.

El Estado Mexicano ha sido omiso, y en 14 años se ha mantenido en la misma postura de que la mujer no fue violentada por elementos del Ejército Mexicano.

Lissette Hernández señala que el caso de Ernestina ha sentado un precedente y tiene que sentarlo en el tema de justicia para las mujeres.

México tiene un porcentaje del 99.3 por ciento de impunidad; esta situación se agudiza cuando hay condiciones socioculturales y económicas que te vulneran, por ejemplo: el ser indígena, el ser mujer y el ser pobre.

“Esto tiene que sentar un precedente en el tema de justicia para las mujeres, y en general para los pueblos indígenas porque éste hecho sin duda ha tenido un impacto muy fuerte en un sentir colectivo dentro de las comunidades y también, de alguna manera ha sido como un lastre que han dejado gobiernos como el de Felipe Calderón, que iniciaron la guerra contra el narcotráfico, y que al final de cuentas eso no se ha resuelto hasta el día de hoy”, comenta.

Con esas políticas de seguridad en dónde se usa la fuerza fáctica, lo único que hace es incrementar la inseguridad y pone en riesgo a la ciudadanía, y sobre todo a aquellas poblaciones que tienen condiciones que las vulneran.

La petición que está haciendo el Kalli Luz Marina, junto con otras organizaciones, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es conocer la verdad en el caso de doña Ernestina y que alcance justicia.

Además se tiene que considerar que la militarización en las comunidades indígenas es una realidad, que se tiene que vigilar para que haya estricto respeto a los Derechos Humanos. Que esas comunidades sean vistas con perspectiva intercultural, y las condiciones de riesgo que tiene las mujeres en comunidades y en condiciones de militarización.

En la actualidad

Ahora que el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario está siendo abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se tiene mayor esperanza de poder alcanzar la justicia, se han visto los deseos de esclarecer la verdad, pues se cuestionó al Gobierno Mexicano por la forma en que volvió a presentar su postura frente a los hechos.

La familia de doña Ernestina Ascencio Rosario, particularmente sus hijas, si han visto gravemente afectadas en su exigencia de justicia porque incluso se les ha criminalizado y revictimizada.

Lissette Hernández Cruz explica que la familia sigue con esa esperanza de que se haga justicia, de que puedan ser vistos en su comunidad como personas respetables.

“Hubo un impacto muy grande a nivel familiar, pero también a nivel de la comunidad; y eso tiene que ver, no nada más con la percepción de justicia, sino realmente como quedaron las personas involucradas, por ejemplo la familia”, comentó.

Es de dejar en claro que la familia de Ernestina no recibió ningún pago ni recurso económico como es algún momento se dijo, por el contrario, los victimizaron, los engañaron porque les prometieron justicia y a 14 años de lo sucedido no la ha habido; además hubo atropellos muy fuertes hacia la familia.

Por ello también se está exigiendo que haya reparación del daño para ellos, señalaron las representantes del Kalli Luz Marina, que han abrazado esta causa.

La familia de doña Ernestina está colaborando con las organizaciones peticionarias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “mantenemos una relación cercana con la familia, ellos son personas de bien, que luchan como cualquier ciudadano para ganarse el pan que se llevan a la boca, y en condiciones igual que muchas otras familias indígenas que están en pobreza, pero que siguen con la esperanza y con la expectativa de que está vez pueda haber justicia para su madre y para ellos.

“A como se expresan, son muy conscientes de lo que vivieron, de cómo los engañaron, de cómo los trajeron de un lado para otro, de cómo no permitieron que alguien diferente a los que estaban ahí como el señor René Huerta, pudieran entrar en diálogo con ellos… son muy conscientes de lo que hicieron con ellos, de la injusticia que cometieron, de la violación a sus derechos”, comenta María López de la Rica.

La familia ha vivido con miedo, porque fueron amenazados y engañados por el propio gobierno, porque fueron obligados a decir algo que no sucedió.

El llamado

A 14 años del agravio hacia Ernestina Ascencio Rosario, Lissette Hernández Cruz hace un llamado a la sociedad para que tenga empatía por los pueblos indígenas de México.

“Esto también abre la puerta para que la sociedad entera se dé cuenta de las condiciones de vida en las que viven los pueblos indígenas, y también las condiciones a las que son sometidos en su vida cotidiana”, comentó.

El llamado también es a la exigencia de la justicia, para conocer y hacer válidos nuestros derechos, pero también para exigir el respeto a ellos.

Elizabeth Guevara Mitzi señala que el llamado es a que el acceso a la justicia se garantice, no sólo a los pueblos indígenas sino a todas las personas en todo el país, pues es un derecho.

“Estamos buscando día a día ese camino a seguir para reunir las condiciones para que las mujeres tengan acceso a la justicia”, comentó.

Por su parte María López de la Rica, señaló que la petición que hace a la sociedad civil es que tengan un mínimo de sensibilidad ante estos atropellos y violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, y sobre todas las mujeres indígenas.

“Un llamado a no permanecer indiferentes, lo que le pasa a una hermana o un hermano, tengo que sentirlo y ponerme en el lugar de ellos, y no permanecer callado; sino que exijamos justicia para todas las víctimas de atropellos, de desaparición, que pidamos justicia y perdamos el miedo”, comentó.

Más casos en la Sierra de Zongolica

Después del caso de Ernestina, se tiene conocimiento de que otras mujeres en la Sierra de Zongolica fueron acusadas por elementos de la Fuerza Civil que instalaron campamentos en las comunidades.

“En los retenes también ha habido un sin número de violaciones a los Derechos Humanos, desapariciones forzadas. La arbitrariedad con la que actúan las fuerzas federales, es totalmente violatoria a los Derechos Humanos”, comentó Lissette Hernández.

Elizabeth Guevara Mitzi señala que con el caso de Ernestina se busca sentar el precedente para que ninguna otra mujer  vuelva a ser violentada.

María López de la Rica, destaca que cerca de la comunidad de doña Ernestina, otras dos mujeres también fueron asesinadas, aunque se desconoce si estuvieron involucrados los militares, estos crímenes tienen características similares, pues estas mujeres también fueron violentadas sexualmente.

Como sociedad civil y como organizaciones, explica, estamos retados a denunciar los atropellos a la dignidad y los Derechos Humanos de las mujeres y comunidades de los pueblos originarios, “si nos callamos, de alguna manera somos cómplices porque sabemos si no decimos nada”.

El compromiso por la justicia y los Derechos Humanos nos reta mucho, pese las condiciones que se dan aveces no tan seguras para los defensores de Derechos Humanos o para los periodistas, “tenemos que hacer una fuerza, nos tenemos que vincular y no nos podemos callar los atropellos a los derechos, a la dignidad y en la vida”.