Viven familias su propio Ayotzinapa

Jessica Ignot
El Mundo de Córdoba

El caso Ayotzinapa es una muestra de la barbarie que vive nuestro país; es también una muestra del poder que tiene el crimen organizado para corromper instituciones como la Sedena y las policías municipales que se ponen al servicio de estos grupos.
Ante esta situación, defensores de derechos humanos, señalaron que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un acto de barbarie que le duele a México. Los mexicanos viven dentro un estado de terror cada día, miles de familias viven su propio Ayotzinapa.
Cada día, miles de personas con familiares desaparecidos viven su propio Ayotzinapa en donde no se da con el paradero de sus hijos, se construyen verdades para tapar los nexos de las autoridades con la delincuencia y se fomenta la impunidad que permite que este tipo de hechos se sigan dando.
En el país hay miles de familias y cientos de colectivos que andan en la búsqueda de sus familiares y que lo más probable es que tengan similitud de circunstancias de desaparición con el caso Ayotzinapa, y que muy difícilmente van a poder encontrarlos.
Ana Lilia Jiménez Sandoval, integrante del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, destacó que el caso de Ayotzinapa es un caso emblemático que refleja la impunidad y el abandono que tienen el Gobierno hacia los desaparecidos en el país; así como las complicidades de funcionarios e instituciones que están al servicio de grupos criminales.
“Se evidenció desde el principio del caso, que el Gobierno municipal fue uno de los actores en esta desaparición forzada y la verdad que quisieron ocultar”, comentó.
Los padres de los 43 normalistas y las familias de los miles de desaparecidos en el país, viven a diario una revictimización del Gobierno, una omisión y falta de responsabilidad, pues son las familias de los desaparecidos quienes día a día luchan por buscar a sus hijos y encontrar una verdad para alcanzar la justicia.
Explicó que la forma en que fueron desaparecidos los normalistas habla de un acto de crueldad y barbarie donde las mismas autoridades se ven involucradas. Muchas familias han encontrado a sus hijos desmembrados en fosas clandestinas, calcinados en las cocinas del narcotráfico o sin indicios de dónde pueden estar.
“Es terrible que nos narren cómo los ultimaron, cómo fueron sus últimos momentos de vida, nos venden una versión, y luego otra y otra, esto sigue siendo ocultado por el Gobierno de los tres niveles”, comentó.
Las familias de desaparecidos en el país y en esta región, cada día viven su propio Ayotzinapa, pues son ellas las que hace las búsquedas de sus familias, recaban indicios de sus desapariciones, encuentran culpables, rascan la tierra para encontrarlos; emprenden acciones que las autoridades no, ya sea por ignorancia, por desinterés o por complicidad.
Hugo Guzmán, cineasta y defensor de Derechos Humanos, detalló que en este caso queda claro que se deben de seguir todas las líneas de investigación posibles. El caso Ayotzinapa es emblemático tanto para las familias que tienen personas desaparecidas como para la sociedad y el propio Gobierno, el cual tiene la oportunidad de realizar investigaciones encaminadas a lograr credibilidad.
“El Gobierno a pesar de todo lo que ha comentado en el tema de desaparición, en el sentido de que va a dar todo su apoyo para encontrar a todas las personas desaparecidas y que éstas ya no continúen, en los hechos no lo vemos así porque sigue habiendo casos de desaparición”, comentó.
Falta claridad en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, no se pueden dejar de buscar, no se puede dejar de seguir todas las líneas de investigación, porque sino va a hacer como aquellas triste y vergonzosa “verdad histórica” que en su momento se dio el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
“Las personas desaparecidas, los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de personas desaparecidas en el país deben de ser buscadas, debe de haber líneas de investigación sólidas para todos los casos, debe de haber planes de búsqueda para todos los casos porque la sociedad es víctima de un terror inmenso, vivimos en un estado de terror con el miedo de salir a la calle y que algo te pueda pasar”, comentó.
Jairo Guarneros Sosa, activista y defensor de Derechos Humanos señala que con estas versiones nuevamente se vuelve a señalar la participación del Ejército y el involucramiento de mando superiores militares con el crimen organizado.
Respecto a las declaraciones de la forma en que fueron ejecutados y desaparecidos los normalistas de un grupo total de 80 personas, quienes fueron diluidos en ácido y sosa cáustica, y en otros casos cremados en un funeraria, el activista señala que es un acto de barbarie.
Es reprobable y condenable la participación de los militares. Las familias de los 43 normalistas desde un principio exigieron que se les abrieran los cuarteles porque sabían que sus hijos habían estado ahí.
Indicó que no hay que esperar a que el Gobierno se pronuncie sobre estas revelaciones, pues está claro que el Gobierno encubre los hechos delictivos cometidos por los militares.
Cada vez son más voces las que están demandando el esclarecimiento de este caso, pero sobretodo a la exigencia de justicia para que todos aquellos funcionarios que fueron involucrados sean castigados, así como todos los actores que participaron.
“Me parece indignante y me parece que esta administración no tiene ningún pretexto y ninguna justificación para que no esclarezca este caso que es avergonzaste”, puntualizó.
En tanto, En este sentido, la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz María Reyes Huerta, destacó que el caso de Ayotzinapa y la desaparición de miles de personas en el país, deja en claro la gran descomposición que hay en todos los niveles de Gobierno, a todas las escalas, y las complicidades que existe entre el crimen organizado y el Gobierno.
Con esto, queda claro que es imposible que se combata la inseguridad, las desapariciones, la violencia que ha alcanzado dimensiones tan drásticas y tan terroríficas para los derechos humanos de las personas cuando existen estas complicidades para el Gobierno y el crimen organizado.
“Lo que seguimos viendo son discursos vacíos, simulaciones de que se hace algo, pero que en la práctica vemos a miles de desaparecidos, miles de colectivos que andan en la búsqueda de sus familiares y que lo más probable es que tengan similitud de circunstancias de desaparición y que muy difícilmente van a poder encontrar a sus familiares”, puntualizó.

Para saber:
Grupo Reforma dio a conocer las declaraciones de un testigo protegido “Juan”, quien reveló que los normalistas detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como “Los Tilos” quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.
Aseguró que en un domicilio de la Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados y después fueron trasladados a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala. Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.
Según la versión, policías estatales sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a las autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones. En este lugar, fue precisamente donde la administración de Enrique Peña Nieto construyó la llamada “verdad histórica”, según la cual los normalistas habían sido llevados a este lugar para ser asesinados y quemar sus cuerpos.