¿Elección de dirigencia legal?

Hands writing on old typewriter over wooden table background

Alfredo Tress Jiménez

Cuando formé parte en la organización y puesta en marcha de un nuevo partido político nacional, que llevó por nombre Convergencia por la Democracia (1999), las reglas eran determinas por el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), todo lo señalado en ese Código era revisado y validado por personal integrante del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
De igual manera, en el 2011 forme parte en la planeación, organización, construcción y puesta en marcha de un partido político estatal que llevó por nombre Alternativa Veracruzana (AVE), las reglas se determinaban por el entonces Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEEV), todo lo señalado en ese Código era revisado y validado por personal integrante del entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
En los dos casos, obligatoriamente, se debían elaborar los documentos básicos consistentes en: (Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos); documentos que eran analizados, revisados y, en su caso, autorizados por personal que integraba tanto del IFE como por el IEV, según fuese él caso. Dicho análisis, revisión y finalmente autorización, buscaba que se cumpliera, entre otras cosas, por lo que señala la Constitución, las Leyes y los Códigos en la materia.
Cabe destacar, que en estos Códigos se exigía la celebración de un x # de afiliados en general y un cierto número por cada una de las asambleas determinadas, pudiendo ser distritales o estatales; asimismo, entre otras cosas, en dichas asambleas se debía disponer, forzosamente, de los documentos básicos del instituto político en formación, documentos que debían ser conocidos y autorizados por la militancia presente en dichas asambleas.
Actualmente buscaron su registro x número de partidos en el ámbito federal y, x número de partidos en el ámbito estatal. Estos institutos políticos soportaron sus trámites, organización y aplicación a lo que establece la Ley General de Instituciones y Partido Políticos (LEGIPP) y su respectivo Código.
Si bien es cierto que los partidos políticos son instituciones de interés público; también es cierto que su vida interna se rige por la Constitución, por una Ley, por un Código, por sus Documentos Básicos, y todo ello es validado por su militancia y en particular por sus consejos.
Por lo tanto, lo anterior obliga a los partidos políticos a que su operación y funcionamiento lo lleven a cabo en estricto apego tanto a la Constitución, como a las disposiciones legales y reglamentarias que existan en sus documentos básicos, respetando en todo momento a la militancia que integra ese instituto político y a las resoluciones de sus consejos; asimismo, deberán estar conformados por personas mayores de edad identificadas con su credencial para votar con fotografía vigente y afiliados (as) a dicho partido político.
También señala la ley que para que algún instituto político continúe en el sistema de partidos políticos, deberán disponer en su padrón con un cierto número de afiliados y, obtener, por lo menos, en la elección Constitucional correspondiente, el 3% de la votación total valida emitida.
Lo que un servidor conocía, es qué iniciando algún proceso electoral, se prohibía realizar cambios a los documentos básicos de los partidos políticos, así como tampoco realizar ningún cambio en sus órganos de dirección en cualquiera de sus niveles.
Algo que se debe destacar es que bajo ninguna circunstancia autoridades como los OPLES, el INE o el Tribunal, no pueden intervenir y menos inducir ninguna decisión en la vida interna de cualquier instituto político, aunque está sea solicitada por alguno de sus órganos de dirección, así como tampoco pueden interpretar sus documentos básicos, por la simple y sencilla razón de que sus documentos ya fueron analizados, revisados y aprobados por ellos mismos.
Cabe señalar que ningún partido político, ya sea con registro federal o estatales, toma sus determinaciones de manera unilateral, siempre lo deben hacer en apego estricto a los que señalan sus reglas dictadas en sus documentos básicos, particularmente en sus estatutos y, sus determinaciones son votadas por mayoría (50%+1) de los integrantes que conforman sus Consejos.
Es por ello, qué las decisiones de nombrar a los integrantes de sus órganos de cualquier nivel de gobierno, debe darse en estricto apego a lo que señalan sus documentos básicos, si se hiciera lo contrario a lo ahí establecido, se incurriría en violaciones flagrante tanto a la Constitución como a sus propias normas estatutarias.
De existir alguna impugnación al respecto, en primera instancia el recurso deberá ser promovido ante el INE, si su resolución no satisface a la persona, personas o institución que se les permitió impugnar, en los tiempos establecidos en la propia ley, podrán recurrir ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TFPJE) donde sus resoluciones son definitivas e inatacables.
Todo lo argumentado será válido, siempre y cuando las disposiciones en esta materia sean contempladas en la actual LEGIPP. Por lo tanto, la determinación de Morena de elegir a sus Órganos de Gobierno en una encuesta abierta a la ciudadanía es violatoria tanto de la Constitución como de sus propios documentos básicos, sus argumentos pueden ser los que sea o lo que el pueblo quiera escuchar, pero la vida interna de los partidos políticos se rige por la Constitución y sus propias normas estatutarias.
Con esos y otros argumentos, pudiera darse el caso de que todo lo que se autorice por la dirigencia electa bajo ese método, sea solicitada su anulación por la militancia o alguien facultado para impugnar esta disposición, solo recuerden que los plazos establecidos por la propia ley son fatales, es por ello qué lo más conveniente será que continúe en el cargo él actual dirigente nacional y que convoque a elecciones, de acuerdo a lo que ordenan sus estatutos, una vez que concluya el proceso electoral. ¿Usted qué Opina?
[email protected]