Hay avances, pero ¿dónde están los 43?

Agencias

Puede “ser que haya avances, pero dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se ha llegado establecer el paradero de ellos, por eso es esta manifestación (en la Fiscalía General de la República) para exigir mayor dinamismo en las indagatorias”, afirmó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre 2014.
Durante la manifestación que se realizó en la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de los actos conmemorativos del sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el defensor señaló que si bien se habla de avances “hay situaciones que deberían caminar con mayor celeridad; las investigaciones avanzan de manera lenta y aunque ya van dos años de esta nueva administración no se ha logrado detener a las autoridades que crearon la llamada verdad histórica y tampoco a personajes clave que participaron en lo sucedido”.
Asimismo, sostuvo que “hay funcionarios de la anterior administración en la actual fiscalía especial y que son un obstáculo”, por lo que llamó a la FGR a agilizar las investigaciones y a comprometerse a atender con diligencia las acciones que se requieren para avanzar.
Durante la protesta que se llevó a cabo en la sede central de la FGR en la Ciudad de México, el fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, acordó un encuentro con los familiares de las víctimas.
Al concluir la manifestación que duró aproximadamente tres horas, los participantes en la movilización hicieron estallar dos cohetones contra la fachada de la Fiscalía General de la República (FGR), sin que se reportaran personas lesionadas.

La “verdad histórica”
El 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron interceptados por policías municipales de Iguala, Guerrero, cuando circulaban en camiones hacia una protesta durante el informe de labores de la entonces directora del DIF Municipal, María de Los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde José Luis Abarca.
Tras la agresión se reportó la desaparición de 57 normalistas hasta que la cifra se redujo a 43, de los cuales sólo tres han sido encontrados en el basurero de Cocula, e identificados hasta el momento: Alexander Mora Venancio y Jhosivanni Guerrero De la Cruz, en el pasado sexenio, y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La llamada “verdad histórica” formulada desde la entonces Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, señala que los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, para ser asesinados, calcinados en el basurero de Cocula y sus restos regados en el río San Juan de Guerrero.
Dicho cártel, presuntamente confundió a los estudiantes con miembros de Los Rojos, grupo delincuencial rival.
Sin embargo, el hallazgo de un hueso del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre el pasado 30 de junio, dio un revire a la investigación y desechó definitivamente la llamada “verdad histórica”, y se ordenó la detención de 46 funcionarios que habrían estado involucrados en posibles actos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Detenidos y liberados
Hasta julio de este año, 78 de los 142 detenidos por su presunta participación en el caso Ayotzinapa habían sido liberados, luego de que se demostrara su inocencia o se comprobaron fallas en el debido proceso como tortura, detenciones ilegales y fabricación de pruebas.
El 26 de octubre de 2018 Agustín García Reyes “El Chereje”, Jonathan Osorio Cortéz “El Jona” y Patricio Reyes Landa “El Pato”, quedaron libres de la causa penal 66/2015-II, que los señalaba por los delitos de delincuencia organizada y el secuestro de los 43 estudiantes.
El 30 de agosto de 2019, Gildardo López Astudillo quedó absuelto luego de que un juez federal invalidó 44 pruebas y testimonios, debido a que fueron obtenidos bajo tortura. “El Gil” fue señalado como el principal responsable de la desaparición de los normalistas al dar la orden de ejecución y desaparición de los estudiantes.
Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, señalado como operador de “El Gil”, declaró ante la PGR que él recibió la orden de ejecutar a los normalistas, por lo que así lo instruyó a sus sicarios. “El Cepillo” fue interrogado antes de que fuera presentado ante el Ministerio Público por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien ejerce tortura durante el interrogatorio.
Otro de los liberados es Carlos Canto Salgado, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien esa noche hizo las llamadas con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa. El pasado 11 de septiembre Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial se entregó voluntariamente a las autoridades de la FGR ante la orden de aprehensión en su contra y el video donde aparece torturando a Canto Salgado.

‘El Mochomo‘
El 24 de septiembre un juez del penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
Sin embargo, “El Mochomo” no está siendo procesado por el caso Ayotzinapa, sino por las actividades del tráfico de droga y cooptación de autoridades por parte de la organización criminal Guerreros Unidos.