Condenan linchamiento

Carmen Lara
El Mundo de Orizaba

Los líderes sociales señalaron que en cuanto al suceso que se presento en Rincón Tuxpanguillo donde se linchó a un presunto ladrón, no es justificable, pues la misma población se está poniendo a la par de aquellas personas que no tienen ningún tipo de respeto por la vida.
Además de que un linchamiento en cualquier ciudad propicia la pérdida del estado del derecho, pues jurídicamente un linchamiento se convierte en la comisión de otro ilícito.
“La responsabilidad fundamental es de los tres ordenes de gobierno que no han sabido responder a las demandas y las exigencias de la población para ponerle un alto a la inseguridad y violencia de manera cotidiana”, argumentó el líder social Jairo Guarneros.
Aseguró que las poblaciones actúan a través del hartazgo y esto es solo un reflejo de la violencia que están enfrentando, sin embargo, le parece que tendrían que buscar otra manera de actuar.
Asimismo, hace un llamado a las autoridades para que pongan más atención y que realmente exista un compromiso, porque muchas veces se ve como una complicidad entre quien está cometiendo el delito y quienes se suponen que tienen que cuidarnos de ser víctimas de un delito.
“Mientras exista omisión, negligencia, la sensación que queda en la población es que existe una complicidad entre quienes tienen la obligación de cuidarnos y quienes tiene la obligación de administrar la justicia”, explicó el líder social.
Por otra parte el abogado Jesús Andrei Cruz Anaya, explicó que indudablemente hay cierto hartazgo social generado por la misma impunidad y corrupción por parte de las autoridades, sin embargo en su opinión ello no implica que se tenga derecho a vulnerar el Estado de Derecho tomando acción de justicia propia por parte de la ciudadanía.
A pesar de que la persona fue linchada, no se tiene la certeza de que haya cometido un ilícito porque en innumerables ocasiones se han linchado personas inocentes y jurídicamente un linchamiento se convierte en la comisión de otro ilícito.
“Más allá de eso, esto es una clara manifestación de Estado fallido al no poderle garantizar a ambas partes (sociedad y linchado), el derecho a la seguridad personal y de sus bienes y por otro lado, el derecho de acceso a la justicia y a un juicio justo”, aseguró el abogado Cruz Anaya.