Autorizó Puebla el ecocidio del volcán

De la Redacción

Región.- Pobladores afectados por la tala inmoderada piden la intervención de la Marina Armada de México para evitar un enfrentamiento en parcelas de las comunidades Plan de San Antonio, Jacales, Atotonilco y San Miguel Tlacotiopa del municipio de Calcahualco,Veracruz, donde taladores de Puebla cortan árboles desmedidamente.
Los afectados dieron a conocer que existe intimidación hacia los propietarios de las parcelas, y han arribado personas armadas con atuendo de la Guardia Nacional para ingresar con motosierras y cortar Oyamel, Abies Religiosa y Pino Patula, especies protegidas por decreto del Gobierno Federal.
Tras hacerles frente los pobladores, los taladores presentaron un documento con firma y sello de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del estado de Puebla, sin embargo, desconocen si es oficial el documento, pues cuando realizan dichas acciones no hay un supervisor de la dependencia federal.
Son 373 hectáreas las que se pretenden devastar según permiso de la Semarnat emitido en Puebla, pero está afectando parcelas de veracruzanos, que se ubican en el Parque Nacional Pico de Orizaba, y márgenes del río Jamapa.
Los afectados argumentaron que los taladores ingresan a predios de particulares de Veracruz y zonas federales para talar, amenazando a quienes se oponen a que se siga cometiendo el ilícito.
“No queremos un enfrentamiento, somos propietarios y vienen y nos espantan, pero les hemos hecho frente. Aquí no queremos tala, si nosotros tumbamos un árbol plantamos, por eso estamos pidiendo la presencia de la Marina para que determine si esta tala es o no legal”, manifestaron.
Aunaron que la gente de las comunidades se encuentran molestos por que los bosques se están acabando, y sobre todo les preocupa por que son sus parcelas y terrenos.
A este problema, va en parejo la escasez de agua que ya se está viendo en algunos municipios del Estado, y el Gobierno Federal lo viene diciendo desde hace muchos años.
Por lo que, “la gente está dispuesta a subir, bajarles la madera y enfrentarlos con armas de fuego”, advirtieron los afectados.
De estallar el conflicto, un promedio de 130 propietarios de las comunidades afectadas procederían a decomisar madera, motosierras, vehículos y bloquear el camino que de manera clandestina abrieron traficantes de madera con maquinaria pesada.