Piden claridad en elección de Fiscal

Jessica Ignot

El Mundo de Orizaba

Organizaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres y personas desaparecidas acusan que el proceso de elección del Fiscal General en el Estado de Veracruz no es transparente ni imparcial.

Denuncian que no se están cumpliendo los estándares internacionales para garantizar que la elección del Fiscal sea autónoma. Lamentaron que este proceso se haga en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19, lo cual está acelerando el proceso y no se garantice transparencia e imparcialidad en el mismo.

Ayer, la rueda de prensa digital, fue encabezada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos donde participaron asociaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Feminista Cihuatláhtolli, Kalli Luz Marina y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “todos los derechos para todas y todos”, señaló que la elección del fiscal general del estado no se debe de ver afectada por preferencias o prejuicios.

Señaló que desde ahora no se ha respetado el proceso, el cual carece de una publicidad adecuada de la convocatoria, además de transparencia e imparcialidad; estos no son buenos indicadores.

Dijo que existe una gran preocupación por el actual proceso de selección y nombramiento de la próxima persona titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz; en el contexto de inseguridad, violencia y los cuestionarios procesos que se han dado en torno a la designación de los anteriores titulares, ven un riesgo en la autonomía de la institución que impide garantizar de una manera efectiva el derecho al acceso a la justicia, a las víctimas de delitos y sus familias.

Señaló que el papel qué juega el Congreso del estado es muy importante, pues debe ser garante de una verdadera autonomía de la Fiscalía y los procesos establecidos para tal efecto, designando a una persona idónea para el cargo que pueda atender la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa el estado sin dejar de lado que la realidad exige que cuente con capacidades técnicas de probidad y vocación de servicio, deberán sumar la perspectiva de derechos humanos de género y multiculturalidad.

La convocatoria de elección del titular de la fiscalía se da en un contexto de emergencia sanitaria y puede representar un riesgo y que esta elección se realice sin respetar los estándares de transparencia y publicidad necesarios.

Reiteró que el Congreso es responsable de que este proceso se lleve adecuadamente, y debe de garantizar la buena justicia para los gobernados, para analizar calificar y asegurar que las personas encargadas de la procuración de justicia satisfacen los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de manera eficaz, imparcial, honrada y procurar el respeto de la garantía de buena justicia.

Señaló que es fundamental que se permita la participación de la sociedad civil víctimas y colectivos de familiares en el escrutinio de las personas candidatas.

Por su parte, Metzeri Ávila, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que en el estado de Veracruz, en los tres primeros meses de este año se han registrado 49 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 27 son catalogados como feminicidios. Además se han registrado 611 delitos sexuales y 222 denuncias por violencia familiar.

Indicó que Veracruz es un estado letal para las mujeres, pues a pesar de tener dos alertas de género, una por feminicidio y una por agravio comparado, y solicitar una más por desaparición, las mujeres veracruzana siguen siendo violentadas, desaparecidas y asesinadas, no hay justicia ni investigación en sus casos.

En tanto, Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que la titularidad de la Fiscalía General del estado de Veracruz se ha estado otorgando a personas con perfil político, pero no con la convicción y la vocación de hacer un trabajo de investigación.

Señaló que hay 21 candidatos a la Fiscalía General y 13 candidatos más a la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, muchos de estás personas que participan en el proceso de selección, ya han ocupado cargos dentro de la fiscalía, y no han dado resultados a las víctimas y sus familias.

Coincidió en no estar de acuerdo en que este proceso de selección se dé en medio de una pandemia, pues no se está garantizando la transparencia del mismo.

Por su parte, Esther Espinoza Osorio, abogada del Kalli Luz Marina, exhortó a que la elección no se haga por cuestiones o fines políticos, como ha estado sucediendo en procesos anteriores, pues esto no garantiza que la Fiscalía actúe de forma autónoma.

Señaló que es necesaria la legalidad en el proceso, pero sobre todo que la sociedad tenga la oportunidad de participar en esta elección.

Así también, indicó que quien asuma la titularidad de la Fiscalía debe hacer un compromiso para atender la situación de violencia que hay en las comunidades indígenas de la entidad; son estos ciudadanos los que menos acceso a la justicia tienen.

En tanto, Luz María Reyes Huerta, abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, detalló que la persona que se elija para ocupar la Fiscalía General debe responder a las necesidades que tienen los veracruzanos de acceder a procesos de Justicia prontos y expeditos.