Veracruz: el laboratorio de seguridad pública

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Agustín García Márquez

El 20 de diciembre de 2019 el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicó su reporte R41576 México: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations. Inicialmente pasó desapercibido hasta el 30 de diciembre que el diario El Financiero en una nota de Amílcar Salazar hizo énfasis en que el congreso estadounidense alertaba sobre los gobernadores mexicanos relacionados con el crimen organizado y la corrupción, y anotó como “ejemplo notable” al líder del duartismo veracruzano.
El citado personaje el día 5 de diciembre había obtenido por medio de sus abogados el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, de la Ciudad de México, para que un juez de control repusiera el trámite a la apelación, que previamente había rechazado. La decisión judicial suponía que había un trato amable para el ex gobernador.
El día 20 de diciembre se publicó el informe, el 30 la nota de El Financiero y el día 4 de enero sorpresivamente el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte le negó el amparo; sus abogados apelaron el día 9, pero no ha obtenido el resolutivo. El día 6 de enero el columnista Arturo Reyes Isidoro relacionó el informe del congreso de Estados Unidos con la negativa del amparo y supuso que había sido decisivo en el veredicto del juez. También reveló que en el círculo de amistades del ex mandatario había la confianza de que se le facilitaría que saliera de prisión para cumplir su sentencia de nueve años con prisión domiciliaria como otros ex funcionarios de su administración.
El relato es otro indicio sobre el manejo de la crisis de seguridad en Veracruz. Las personas que toman decisiones, aquellas que son importantes, no están en territorio veracruzano, y según el periodista Alejandro Aguirre, con acceso a los círculos del presidente de la Tercera República Centralista, ha sido desde la Oficina del Presidente que se decidió sostener al desastroso gobierno veracruzano.
Sin embargo, es muy probable que en materia de seguridad la estrategia sea dictada desde Estados Unidos. El informe del Servicio de Investigación del congreso norteamericano puso en primer lugar entre los gobernadores al veracruzano, indicando que durante su administración el número de desapariciones excedió las cinco mil personas, dato que no proviene de una fuente sólida, pero que seguramente influyó en la decisión de no trasladarlo a su prisión domiciliaria.
El otro dato fue revelado por el columnista Raymundo Riva Palacio quien informó que el Procurador General de Estados Unidos llegó a México el 5 diciembre y en reunión con varios funcionarios determinó otra estrategia para combatir el crimen organizado. En ese contexto, el informe elaborado para los congresistas norteamericanos toma relevancia; es la prospectiva de la crisis de violencia de quienes tienen finalmente deciden.
El informe tiene 35 páginas y lo firma June S. Beitel, analista de asuntos latinoamericanos, basado en fuentes estadounidenses tanto investigaciones como consultas a especialistas. Afirma que los carteles mexicanos son la más grande influencia del tráfico de drogas, que producen e introducen a Estados Unidos heroína, metanfetamina, marihuana y opioides sintéticos, además de contrabandear cocaína suramericana. Como consecuencia, fallecieron unas 72 mil personas en Estados Unidos por sobredosis en el año 2018.
Consideran que en México las organizaciones criminales son la principal causa de muertes, y a pesar del debate sobre el número real de homicidios, concluye que la “violencia es una característica intrínseca del comercio de drogas”, además de fuente de corrupción gubernamental, aspecto en el que señalan al ex gobernador veracruzano como notable ejemplo. También presenta un recuento del combate militar contra las drogas en los últimos 14 años, con sus éxitos y fracasos.
Luego aborda la actual circunstancia del país. Supone que el alza en la inseguridad y las restricciones fiscales podrían hacer inalcanzable el objetivo de la actual administración federal de ser un país justo y pacífico. Identifica a nueve grandes organizaciones criminales en México, de las cuales dos pelean actualmente en Veracruz y generan violencia.
Asevera que están fragmentados por la captura de los líderes de más alto rango, pero ahora son más competitivos y al contrario de la experiencia colombiana no son fáciles de desmantelar y ahora tienen una agenda criminal más amplia. El informe acepta que el gobierno mexicano no ha logrado reducirlos de un problema de seguridad nacional a uno de seguridad pública, por lo que propone ir contra los mandos medios, claves en sus operaciones de campo, para disminuir la capacidad de regeneración de los grupos criminales.
Las recientes detenciones de líderes delincuenciales en Veracruz, llamados jefes de plaza, y las violentas respuestas en Ciudad Isla, Huatusco y Córdoba, muestran a Veracruz como laboratorio de la nueva estrategia de seguridad pública. Parece que los abrazos quedaron atrás; toca el turno a los halcones del gobierno norteamericano.

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