Regresa la represión oficial a Veracruz

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Ya pasaron aquellos tiempos, decían. En la memoria está el recuerdo de aquel día 21 de noviembre de 2015, cuando el Gobierno del Estado y la federación organizó el examen de evaluación docente en Xalapa. A la sede acudieron opositores a la reforma educativa y recibieron la respuesta violenta de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuyo titular participó personalmente en el operativo.
Civiles, manifestantes y reporteros fueron víctimas de la agresión además de un diputado federal por Xalapa, quien tiempo después obtendría el cargo de gobernador, con la organización política morenista. Sorpresas que da la vida: el 9 de enero de 2019, en su calidad de gobernador, aclaró que: “La plaza de maestros se van a otorgar por examen, se va a evaluar, nosotros nunca nos opusimos a eso, fue una estrategia mediática de que nos oponíamos, nos oponemos a que les tomen el pelo a los maestros porque evalúan a los maestros y no se las dan”.
Su participación en el enfrentamiento con la policía estatal le dio proyección nacional al futuro candidato a gobernador y una amplía simpatía entre el magisterio veracruzano. Ahora dice que no defendía a los maestros, solo era “una estrategia mediática” para buscar votos.
El gobernador con un buen documentado historial de anécdotas acerca de sus dificultades para dar coherencia a lo que dice con lo que hace, también declaró en diciembre de 2018 que la presencia de la Guardia Nacional, el brazo armado del obradorismo, “no es militarización, en ningún momento porque será apegada a la ley y el comandante supremo de las fuerzas armadas que es el presidente de la República ha dicho que no se usará la fuerza para reprimir al pueblo”.
La realidad lo desmintió cuando después de varios incidentes, el día martes 11 de febrero de 2020, un grupo de pobladores de Ciudad Isla organizó una manifestación en el cuartel de la Policía Federal, y hubo disparos, veinte detenidos, decomiso de armas de fuego, periodistas, civiles y policías lesionados, además de una patrulla de la Guardia Civil incendiada y la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, acción que fue transmitida en vivo por varios medios de comunicación.
El rumor popular sostiene que elementos de la Guardia Civil en la zona de Ciudad Isla detuvieron a un repartidor de tortillas al cual violaron y en otro momento también a un joven que después fue encontrado muerto. Por eso protestaban en contra de los miembros de la Guardia Civil, quienes realizaron disparos para amedrentar a los manifestantes, lo que hizo que la protesta se saliera de control. Del lado oficial, el rumor difundido por el propio secretario de Gobierno dicta que una organización criminal organizó la revuelta llevando personas desde la cercana población de Loma Bonita, Oaxaca, la cual además “reclutó” los periodistas y comunicadores quienes transmitieron la represión policial.
El gobernador por su parte, entrevistado por un reportero de El Piñero de la Cuenca, diario en el que labora uno de los seis reporteros agredidos por las fuerzas del orden en Ciudad Isla, primero intentó deslindar a su gobierno diciendo que: “nosotros no fuimos, le pegó un grupo criminal”, seguramente porque desconocía el video transmitido en vivo en el que un elemento de la Guardia Civil se ve acercándose al reportero quien se identifica, pero el oficial le da un golpe e interrumpe la grabación. Cuando se le informó al gobernador que existía el video, solo se limitó a responder: “Y él, ¿qué hacía allí?”
En el pensamiento político del gobernador veracruzano, las manifestaciones pueden usarse como estrategia mediática para obtener alguna ventaja política, tal como lo hizo cuando se unió a la protesta de los profesores contra el examen profesional docente. Con tal razonamiento es como responsabilizan de la violencia a los criminales, ya sea como atacantes del reportero, según el gobernador, o como organizadores de la protesta y reclutadores de periodistas, según el secretario de Gobierno.
Al margen de los discursos para el control de daños en su imagen pública, el Gobierno del Estado parece que decidió deliberadamente utilizar la represión y la difamación para afrontar el hecho de que, sin mejorar las condiciones de vida, especialmente en el tema de los empleos y salarios, la violencia de los delincuentes se ha mantenido constante por todo el territorio veracruzano, lo cual seguramente tendrá un futuro costo electoral.
No fue casualidad entonces que ese mismo día martes, en la ciudad de Xalapa, otra manifestación de empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación que reclamaban prestaciones labores, terminara cuando más de cuarenta elementos policiacos detuvieron a su líder sindical. También, rápidamente se difundió la detención, en el Parque Juárez, junto al palacio de gobierno, de un aspirante del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Xalapa, acusado de incumplimiento de la manutención de sus hijos.
¿Ahora la fórmula de represión y difamación será otra de sus “estrategias mediáticas”?

 

 

 

 

 

 

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