La dolorosa batalla por un hijo

AVC NOTICIAS

Las mujeres que pelean la custodia de sus hijos en Veracruz cuentan historias similares. Sus hijos e hijas les fueron arrebatados con violencia y luego, bajo la figura de depósito judicial lograron una custodia temporal, ellas no fueron notificadas en tiempo y forma por el Poder Judicial, hay burocracia que puede tardar meses en otorgar una convivencia con el menor, y no se tomaron en cuenta las agravantes de violencia familiar.
En Veracruz, la figura del depósito judicial de menores sirve para proteger al menor ante un peligro inminente. Según los datos oficiales del Poder Judicial, se otorgaron el año pasado 975 depósitos judiciales de menores. Del 2016 al 2018, se tramitaron más de 4 mil 800 depósitos.
Las madres acusan que esta figura, permitida en la ley, es utilizada como pretexto por los padres para arrebatar a los hijos y quitar la custodia, mientras que la mayor parte de los jueces no verifican los argumentos ni las pruebas para otorgar los depósitos.

Natalia, 8 meses
sin ver a su hija
La hija de Natalia tenía apenas 2 años cuando su padre se la llevó. Era agosto del 2017.
Natalia fue notificada de que su ex pareja había tramitado un depósito judicial ante un juez en Veracruz hasta abril del 2018, ocho meses después, pues como domicilio para notificarla pusieron un domicilio en Xalapa, cuando ella vivía en otra ciudad.
El ex marido era un alto funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública cuando tramitó el depósito judicial, argumentó que Natalia era una mala madre, que se la pasaban en los antros, y sus dos guaruras personales la tenían que sacar borracha de los lugares.
Los testigos ante el juez fueron los propios “guarras”, y el personal de servidumbre.
“El juez no se fijó si era verdad, no hicieron ninguna inspección en la casa para saber si mi hija era lactante y él dio una dirección de Xalapa para notificarme aunque yo no vivía ahí, nadie investigó si los dichos eran ciertos”, cuenta.
Ocho meses después, empezó con los trámites jurídicos para lograr la suspensión del depósito judicial, anexó la denuncia que había interpuesto por violencia familiar. Un año después, en agosto del 2018 logró obtener en una audiencia tres visitas a la semana para ver su pequeña. Pero entonces, vinieron más irregularidades.
Lo que siguió para Natalia, fue un ir y venir entre juzgados de Minatitlán y luego de Xalapa a donde trasladaron su caso. A principios de este año obtuvo una nueva audiencia, donde su ex pareja presentó a su hija, pero la juez “olvidó” llamar a la psicóloga, por lo que la convivencia no pudo llevarse a cabo.
“No me dejaron acércame, él me insultó otra vez, me dijo que era promiscua enfrente de la juez y los fiscales, nadie le pidió que se callara, eso tampoco se puso en los expedientes”, dice.
En Mayo del 2019, le decretaron a Natalia cuatro horas de convivencia en el Centro de Convivencia Familiar Asistida.
“Cuando mi hija escuchó mi voz me abrazó, físicamente no me reconoce, pero mi voz sí, ella no sabía que yo era su mamá. Y me pidieron que no le dijera, aunque la psicóloga advirtió que eso podría hacerle daño”.
Finalmente, después de dos años de lucha, el juez emitió una sentencia el 14 de agosto pasado, y dejó sin efectos el depósito judicial, pues no hubo pruebas de que la menor estaba en riesgo y pidió la inmediata reintegración de la menor con su madre.
Tres semanas después, su ex pareja fue notificado, la tardanza se debió a que primero la fecha de la notificación estaba equivocada y luego el expediente fue perdido. Cuando fue notificado agredió físicamente a la abogada defensora de Natalia.
El temor ahora es que recurra a un amparo federal que tardaría el proceso de entrega más de tres meses.

Depósito judicial debe desaparecer: abogada
María Ximena Ángeles Azuara, abogada familiar y parte de la defensa de Natalia, criticó la figura del depósito judicial, pues dijo que aunque la medida se debe tomar privilegiando el interés superior del menor, y cuando este se encuentre en inminente peligro, la mayor parte de los padres lo usan como arma de castigo.
“La mayor parte de las veces no se verifica que los argumentos sean reales, los testigos son a fines del padres, los jueces no van al domicilio, se basan en dichos, y los hijos son tomados como botín de guerra”, señala.
También cuestiona que la carga de trabajo de los juzgados familiares retrasa las audiencias hasta tres o cuatro meses, y cuando por fin se obtienen las audiencias, los padres incumplen con la obligación de presentar a los hijos, sin que las medidas de apremio se cumplan, una madre puede pasar hasta un año sin ver a su hijos por esta burocracia.
En su opinión, hay leyes obsoletas, que debían cambiar y agilizar las medidas de apremio cuando los padres no presentan a los menores ante el juzgado.
La abogada reconoce que los criterios de los jueces y juezas no están unificados, pues hay algunos que si resuelven los casos de custodia de forma rápida hasta en una semana, mientras otros retrasan el proceso.