Lucha vs outsoursing busca defender a trabajadores

Jazmín Suazo
El Mundo de Córdoba

En México se prevé regular la subcontratación laboral o outsourcing con el fin de proteger los derechos de los trabajadores, además porque se había utilizado para lavado de dinero y creación de empresas fantasma, señaló la contadora María Angélica Gutiérrez.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados inició el debate para la regulación de la subcontratación pero se declaró en sesión permanente para analizar el dictamen con propuestas de legisladores del PRD, PT, Morena y el PRI.
La propuesta de Morena plantea buscar alternativas legales que logren garantizar y proteger el pleno goce de los derechos laborales a los trabajadores subcontratados y que se regule y vigile a las compañías que se dediquen al ya denominado outsourcing, con el objetivo de certificar que no caigan en arbitrariedades ni en procesos de discriminación laboral, por lo que se pretende incluir las prestaciones como medidas fundamentales que deben cumplir las empresas, sin importar el sistema por el que estén contratados.
“El gobierno las quiere desaparecer porque ha habido mucho lavado de dinero y el SAT las quiere desaparecer porque hay muchas inconsistencias porque no hay de alta a los trabajares antes el IMSS, hay aviadores o son empresas fantasma”, explicó.
Además, como parte de la Miscelánea Fiscal para 2020 busca aumentar los escenarios en los que se pudiera usar la figura de la responsabilidad solidaria, es decir, aunque los accionistas hayan cumplido, las autoridades fiscales podrían ir por sus recursos para cubrir las deudas de la empresa en quiebra.
La propuesta de ley dice que en muchos casos se utiliza la figura de quiebra para evadir impuestos. Así, aumentar los supuestos de responsabilidad solidaria evitaría que las empresas se disuelvan sin hacer pagos fiscales.
Actualmente, los administradores, directores y gerentes solo pueden ser responsables solidarios en cuatro casos: si la empresa no está inscrita ante el RFC, cuando cambian el domicilio fiscal o lo desocupan sin dar aviso, cuando no presentan declaraciones a tiempo y si no son localizables.