Hablemos Córdoba: Estas indignada y muy callada

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José Miguel Cobián

Córdoba platico contigo, pero al final también lo hago con todo Veracruz y buena parte de México. Es inevitable indignarse con que Veracruz sea el número uno en secuestros, y uno de los estados más violentos. A nivel municipal Córdoba ocupa también un lugar preponderante.
Sabes Córdoba. Hace muchos años yo escribía que la responsabilidad a fin de cuentas no recae en el gobierno sino en los ciudadanos, porque éstos al quedarse callados, al no exigir ni demandar a la autoridad que cumpla con su deber, solapan y permiten todo lo que sucede.
Muchos de los criminales no son locales, simplemente se enteran de que hagan lo que hagan, si lo hacen en Córdoba, gozarán de la mayor impunidad.
En el bajo mundo se sabe que no hay policía preventiva, y que el mando único es insuficiente en equipo, personal y recursos para poder representar un peligro para la actividad delictiva. Además están perfectamente enterados de que las oficinas de la fiscalía en Córdoba, en todo el estado y en realidad en todo el país están saturadas de trabajo. Cuentan con un presupuesto raquítico y con recursos materiales mínimos. Los recursos humanos salvo honrosas excepciones no cuentan con la capacitación suficiente para realizar su trabajo. Y si llegan a presentar a un criminal ante un juez, saben ellos que con un poco (o mucho) dinero, resolverán su situación jurídica mas temprano que tarde. Porque en México es una realidad que la justicia se vende al mejor postor.
Quien gobierne un municipio o un estado no tiene en sus manos la posibilidad de influir en la fiscalía que supuesta y presuntamente es autónoma, y tampoco puede influir en el poder judicial. Y eso cuando hablamos de delitos del fuero común, porque si hablamos de los federales, la situación todavía es peor, ya que mucho menos puede un alcalde o gobernador influir en la Fiscalía Genera de la República o en el poder judicial federal.
Entonces ¿Qué es lo que sí puede hacer un titular del ejecutivo estatal? De entrada invertir en seguridad, es decir, mejorar sustancialmente los presupuestos del año 2020 para combatir el rezago en la fiscalía general del estado y en el poder judicial de la federación. Si el ejecutivo estatal y el poder legislativo no le asignan presupuesto más holgado para el próximo año a ambas dependencias, debemos entender que la procuración y la administración de justicia no son prioridad para ellos.

En cuanto a la secretaría de seguridad pública, todo Veracruz ha comprobado que está rebasada por los crímenes, tanto del fuero común como del federal, pues no debemos olvidar que ellos deberían de realizar una acción preventiva. Sin embargo observamos que en Córdoba no hay más de 150 o 200 elementos disponibles, cuando la necesidad mínima es de 600. Observamos que la capacitación salvo en mandos superiores, deja mucho que desear, y sabemos que su capacidad de respuesta, debido sobre todo a un presupuesto muy limitado, es prácticamente nula. El llegar al lugar donde se cometió un crimen con más de media hora de retraso (si hay suerte) o a los acostumbrados 60 minutos indica incapacidad, incluso para defensa de sus propios elementos, mucho menos hay capacidad para defender a la sociedad.
Las autoridades juegan el juego del tío Lolo. Juegan a invertir en cámaras, que cuando se compran resultan carísimas comparando el precio de mercado, o jamás se usan por distintas fallas. Esto ya lo vivimos hace dos años cuando el gobierno anterior pagó cientos de millones de pesos en comprar equipos que hasta hoy no existen o no se usan. Cuando no son cámaras, son dos torres elevadas para vigilancia, o arcos de seguridad, o cualquier otro artilugio para presuntamente proporcionar seguridad a la población, salvo un pequeño detalle: Hasta el día de hoy no se sabe de una sola cámara de seguridad que haya evitado un asalto o un secuestro.
Las cámaras, las torres, los drones, y cualquier otro equipo de vigilancia, sirven como coadyuvantes para las fuerzas del orden, cuando las hay. En Córdoba y en la mayoría de los municipios de Veracruz no hay policía municipal, y en donde la hay, no es efectiva para enfrentar criminales. Sin una policía preventiva que sirva de apoyo al mando único e incluso a la guardia nacional, no se va a resolver el problema de seguridad en ningún municipio.
En Córdoba desde 2013 se ha solicitado en todos los tonos la creación de una policía municipal eficiente y competente. La vecina Orizaba algo ha avanzado y ha puesto el ejemplo, sin embargo, en Córdoba no ha habido voluntad, ni de parte de Tomás Ríos en su momento, ni de parte de Lety López. Y hoy vemos que a nivel federal no se hace énfasis en las policías municipales preventivas, con lo cual el proyecto de seguridad (en caso de existir) del presidente López Obrador está condenado al fracaso.
Imagina que se reporta o se detecta un secuestro en una sección de la ciudad. El centro de control inmediatamente sigue al vehículo mediante las cámaras de seguridad, y sabe la ruta de escape, con lo cual puede informar dónde debe de realizarse el cerco para rescatar a la víctima y lograrlo. El sólo hecho de tener la posibilidad de realizar una estrategia de este tipo, disuade a los criminales. Sin embargo, en Córdoba estamos totalmente indefensos…. Y callados.
Pensamos que en las próximas elecciones votaremos por alguien que haga la diferencia. Pero mientras tanto ¿cuántos llegaremos a las próximas elecciones? Y ¿cuántos morirán o sufrirán antes de llegar a esa fecha? ¿Están dispuestos los habitantes de Córdoba a esperar a ver si el próximo alcalde se interesa por el tema? Hoy no sabemos si hay apoyo, chantaje o desdén por parte del gobierno estatal y federal. No sabemos si la alcalde está amenazada. Si algún funcionario en lugar de combatir al crimen está coludido, y por cada acto criminal que se realiza en la ciudad o en el estado recibe un porcentaje o es simplemente incapacidad e ineptitud.
En lo personal extraño aquél Córdoba que en 1992 tomó por asalto las calles, hizo reuniones en el hotel Villa Florida y en el Casino Español, ante un hecho delictivo y logró en pocas horas que se resolviera y que las víctimas regresaran sanas y salvas. En aquél entonces, la presión popular logró que las autoridades hicieran su trabajo.
Hoy la situación es peor, y no veo interés en los ciudadanos en ejercer presión popular. Me dirán que no sirve de nada, pero… Recordemos que así como a los criminales no les conviene calentar una plaza (llamar la atención en un lugar donde ellos trabajan) porque habría mayor presencia de fuerzas federales y estatales, lo cual complica su trabajo. Así también la presión popular hacia las autoridades hace que no sólo a nivel municipal o estatal, sino también a nivel federal se volteé a ver qué sucede en determinada zona del país. A los políticos les importa su reputación y la percepción que de ellos tienen sus pares o superiores no formales. Sí hay quejas en una zona, y éstas suenan a nivel nacional e internacional, hasta el presidente tomaría cartas en el asunto.
Quedarnos callados es consentir, y yo me niego a consentir que tú, tu familia, tu patrimonio y el bienestar en general de los cordobeses esté amenazado por intereses ajenos a los locales. Si hay presiones a la alcalde, que lo diga y la apoyamos, si la presión es al gobernador, lo mismo. Lo que no podemos permitir es que la situación cada día sea más grave en perjuicio de todos.

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