Las 100 universidadesdel pueblo

Jesús Víctor García Reyes

El propósito de las cien Universidades para el bienestar, que impulsa el Gobierno federal, es con el fin de romper los monopolios del saber que una élite ha construido por décadas en las universidades mexicanas. Las universidades autónomas en las entidades federativas han hecho jugoso negocio con la administración de millonarios presupuestos, que cada año se les asigna por ley.
La UNAM, IPN, UAM y la UPN, son las instituciones de educación superior y posgrado que escapan a este latrocinio de los grupos que las controlan.
Un diagnóstico presentado al Presidente de México, indica que las matrículas de las universidades de provincia no han crecido en la proporción de la demanda estudiantil universitaria. Incluso su cobertura debería estar más allá de la demanda, que hoy satura y excluye a millones de jóvenes de cursar una carrera profesional.
Las universidades privadas en México son un fiasco. Si acaso tres de ellas, el ITESM, la Universidad Iberoamericana y la UDLAP pueden ubicarse en renglón aparte. La mayoría de las universidades privadas son “sacaderas de dinero” para aquellos que no alcanzaron lugar en la educación pública.
También la educación pública tiene lo suyo. No todas las universidades autónomas hacen investigación e invierten en estudios de posgrado, publican libros y revistas especializadas en las ramas de la ciencia. No todo es “miel sobre hojuelas” en materia de educación superior y posgrados en México. Hay graves deficiencias en su planeación.
Las cien universidades de recién creación, que empiezan a funcionar a lo largo del país, de las cuales 8 tenemos en Veracruz y una cerca, en el municipio de Río Blanco, tienen el objetivo de consolidarse a corto plazo, y ofrecer licenciaturas vinculadas a proyectos regionales y de desarrollo municipal.
De momento no cuentan con edificios propios, pero para el año 2020 tienen asignado un presupuesto de 500 millones de pesos para construcción de edificios, contratación de profesores con nivel maestría y doctorado, que quieran formar parte de sus plantillas docentes y de investigación.
Este programa universitario nacional tiende a romper la “burocratización” que de los procesos educativos, hacen con toda intención, las universidades autónomas estatales y sus sindicatos. No contratan profesores de tiempo completo en sus áreas académicas. Prefieren gastar en burocracia administrativa, vehículos de lujo para directivos, viajes internacionales y banquetes, que invertir en ampliar la admisión universitaria. No les importa que los jóvenes se queden sin ingresar a la universidad.
El proceso de contratación será algo inédito, hasta donde se sabe. Es decir, se tiene conciencia que no se vuelvan estas universidades “mastodontes blancos”, controladas por sindicatos “charros” que atrofien el desarrollo regional donde estén asentadas.
El diseño de este modelo universitario denominado “Benito Juárez” fue planeado por pedagogos de la UNAM y la UPN, con el fin de aplicar técnicas de enseñanza a partir de la realidad local. Es un asunto complejo que no se puede analizar en dos cuartillas periodísticas.
La cuestión es que ya están en funciones. La escuela universitaria de Río Blanco empezó en 2018, con 200 estudiantes. Los cuales NO tuvieron pago de inscripción ni exámenes de ingreso. Son universidades gratuitas. Los requisitos son el promedio (8.5), tener en regla todos sus documentos y asistir a los cursos de inducción a los estudios universitarios.
Los criterios de gobierno en esas universidades, son: asistencia diaria los cinco días de la semana, con clases de seis horas al día. Lecturas obligatorias, exposiciones ante grupo, participar en congresos y coloquios sobre su especialidad y, obtener alto puntaje. El plan es que no se vuelvan universidades “patito”, ni academias “patrulla”.
Tienen un fuerte compromiso vecinal con el municipio donde se asientan y, sus proyectos de investigación y tesis serán orientados a resolver problemáticas en sus lugares de origen.
La Universidad de Río Blanco trabaja, para empezar, la licenciatura en “Energías Renovables”. Su objetivo va desde entender el por qué somos dependientes en materia energética siendo país petrolero, es decir, temas de conciencia universitaria, para sensibilizar a los estudiantes, hasta cuestiones de geopolítica y tecnologías con manufactura nacional.
La idea, es que sean instituciones que NO se burocraticen en lo académico, de repetir (cómo pericos) lo ya dicho sin tener conciencia de lo que se dice o escribe en una tesis.
La contratación de profesores no es tarea fácil, ya que desde la Ciudad de México se han establecido los criterios de selección. Prioritariamente se contrata a académicos posgraduados y con experiencia en docencia universitaria. Con documentos completos, mismos que se validan ante la SEP federal. Se atiende que los profesores tengan publicaciones (libros, artículos publicados en revistas especializadas), hayan participado en congresos locales, nacionales e internacionales.
Las cien universidades del “Pueblo” (Gobierno federal), han abierto sus puertas a generaciones de jóvenes que deseen cursar una carrera, aun cuando no tengan recursos para invertir en la misma.
Se estima que para el año 2021, cada una de las cien universidades, haya logrado un cupo mínimo de dos mil estudiantes por plantel y para el 2024, cada una tenga cinco mil estudiantes. Lo que implica un reto importante para el presente gobierno de izquierda.
Urge por ello mismo, empezar la construcción de los edificios y su equipamiento. La contratación de profesores de alto nivel académico y prestigio profesional, es una prioridad. Reforzarán las instituciones los egresados de programas Conacyt, según ha explicado su directora general la Dra. Raquel Sosa (UNAM; 1990). Todo el personal estará sujeto a supervisión nacional, quien evaluará de forma periódica su trabajo.
Las universidades están empezando con una carrera profesional, pero deberán ampliar su abanico de profesiones a corto plazo, según requiera la región (Medicina Comunitaria, Ecología, Gobierno y Administración Pública, Indigenismo). Se estima puedan abarcar hasta cinco carreras que no se impartan donde estén ubicadas.
Por ello urge, que los ayuntamientos de los municipios donde se han instalado, donen los terrenos (de tres a ocho hectáreas), requisito indispensable para construir los edificios y habilitar los espacios académicos. El NO donar los terrenos al proyecto atrasará la ejecución de obras, que deberán iniciar en el año 2020.
La derrama económica es fuerte para el municipio que apoye decididamente este proyecto educativo. Se estiman inversiones por diez millones de pesos por institución.
Así que señores de los 8 cabildos en Veracruz, donde hay estas universidades, es necesario comprar y donar terrenos suficientes, dotarlos de infraestructura básica (calles, drenaje, alumbrado, agua potable), para obtener las ventajas que fortalecerán el desarrollo de sus municipios.
Río Blanco puede despuntar de manera rápida, si entiende y atiende los beneficios de este proyecto del gobierno federal, que encabeza López Obrador.
Así que alcaldes y regidores, a ponerse de acuerdo y donar una buena extensión de terreno a este proyecto universitario nacional. Tienen de plazo hasta el 15 de diciembre del 2019, para notificar a la SEP federal, presentar acta de cabildo y donación notarial.
Saludos lectores de Diario El Mundo.

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