“No juegues con la seguridad. Es la cosa más peligrosa en el mundo”

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Es el consejo atribuido al escritor británico Hugh Walpole, y para no jugar en el tema es que se diseñó la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que básicamente se propone socavar la base social de las organizaciones criminales mediante la entrega directa de apoyos económicos, junto con una enérgica lucha contra la corrupción en el gobierno y la impunidad que genera un ineficiente sistema de justicia, además de la eliminación de su infraestructura mediante la extinción de dominio sobre sus bienes, y la reducción de sus recursos controlando el tráfico de armas, y el seguimiento del dinero a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La estrategia es atractiva especialmente porque se vislumbraba menos sangrienta que la confrontación directa con las organizaciones criminales en el campo de batalla, casi siempre en zonas urbanas, para forzarlas a través de la captura sistemática de sus dirigentes a fraccionarse en organizaciones de menor tamaño y capacidad de combate, enfrentadas con rivales criminales por el control de pequeños territorios, y más fáciles de eliminar en enfrentamientos directos con las policías, el ejército y la marina.
La anterior estrategia a largo plazo, más de un sexenio, era factible, pero literalmente salpicó la legitimidad del gobierno y propició un aumento en las muertes y desapariciones con violencia, al mismo tiempo que llevó a los grupos más débiles a diversificar sus fuentes financiamiento dirigiendo sus operaciones contra la población como el secuestro, robo de autos, venta al menudeo de drogas, extorciones, etcétera.
La oposición política denunció la guerra contra las drogas como una serie de actos de barbarie y finalmente el veredicto de las urnas le dio la razón. El costo electoral de continuar con la estrategia del enfrentamiento directo lo tiene muy claro el actual gobierno federal y la nueva estrategia indirecta es más consecuente con el hartazgo social de la violencia, aunque menos espectacular.
Pero la estrategia se vino abajo cuando un grupo de fuerzas federales intentó detener a un líder criminal el Culiacán el jueves 17 de octubre pasado. Literalmente se hizo todo aquello que se dijo ya no se haría porque solo resultaba en dolor y muerte (y tenían razón), con un saldo del que todavía no se sabe el número de víctimas dado que se presume muchos cadáveres fueron ocultados por los distintos contingentes que se calcula sumaron unos ochocientos elementos armados y equipados, con los que fueron atacadas instalaciones de policía y el ejército, además de bloquear la ciudad y tomar rehenes con los que aparentemente negoció la autoridad para que el supuesto delincuente fuera liberado.
Conforme la información se ha liberado, un conjunto de dudas sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública surgió a lo largo de los últimos días. Uno en particular es la participación del gobierno norteamericano a través de la Drug Enforcement Administration (DEA), cuyos agentes parecen haber estado presentes en el fallido operativo. Otro es el Consejo Nacional de Seguridad el cual sesionó a las seis de la mañana de ese día, pero aparentemente no tenía información del operativo, lo cual se observó en las declaraciones oficiales contradictorias. No queda claro cuál área de gobierno dirige estas operaciones.
También han ignorado las consecuencias legales de la liberación, como la violación del artículo 16 constitucional sobre la entrega de un detenido al juez, del Código Penal Federal respecto a la evasión de detenidos por delitos contra la salud, e incluso convenios internacionales como el Estatuto de Roma.
Un aspecto más importante es el daño a las fuerzas armadas, es decir, la imprudente exposición al peligro de la tropa y mandos, y en esta ocasión de sus familias que se dice también fueron atacadas como parte de las represalias de los grupos criminales. Las filtraciones de fuentes castrenses muestran que hay molestia y desconfianza en la capacidad de los mandos civiles para planear una operación de esa magnitud.
A la desconfianza militar le precedieron las declaraciones infantiles del “guácala”, “fuchi” y las acusaciones contra los criminales con sus “mamacitas”, del propio presidente de la república, que recuerdan el consejo de Hugh Walpole: “No juegues con la seguridad. Es la cosa más peligrosa en el mundo”.
En la falta de seriedad se percibe una deficiente comprensión de la complejidad del problema. Por ejemplo, cuando el presidente dice que no usará la fuerza porque no es un represor del pueblo, parece no darse cuenta que las organizaciones criminales sí reprimen al pueblo, y si considera que “los conservadores quieren que México se convierta en un cementerio”, es porque ya olvidó la existencia de las grandes fosas clandestinas por todo el país.
Más detestable todavía es que el presidente utilizó la batalla de Culiacán para confrontar a sus rivales políticos, desviando la atención de la verdadera amenaza, el crimen organizado que en realidad son un bloque de empresas representantes del más salvaje neoliberalismo transnacional. Su enemigo, presidente, está en otro lado.

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