Veracruz: gobierno desaparecido

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En consecuencia de la ilegal separación de su cargo del Fiscal General de Veracruz, el asalto a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, y el nombramiento de una nueva fiscal provisional, del día 3 de septiembre, los senadores del Partido Acción Nacional solicitaron al Senado de la República proceder a la declaratoria de desaparición de poderes en Veracruz en la sesión senatorial del día 24 de septiembre.
El senado propiamente no desaparece los poderes constitucionales de los estados, el judicial, legislativo y ejecutivo, sino que verifica que han dejado de funcionar, lo cual puede ser tema de un amplio debate, y posteriormente el presidente de la república propone una terna de la que el senado designaría un gobernador provisional, quien a su vez convocaría a elecciones para el cargo de gobernador, de acuerdo con el artículo 76 constitucional.
La estrategia legal de los senadores panistas tiene pocas posibilidades de lograr su objetivo porque probablemente la están utilizando para entrar en la negociación con el partido político Morena, que a su vez solicita lo mismo para los estados panistas de Guanajuato y Tamaulipas.
Además, pudieron apoyarse en la Ley de juicio político y declaración de procedencia del Estado de Veracruz, para solicitar la destitución del gobernador, pues al menos cumple con los supuestos establecidos en el artículo 13, por la violación sistemática a los planes, programas o presupuestos, pues como lo identificó el investigador de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata, hasta el mes de julio de este año, el subejercicio presupuestal era del 56 por ciento del presupuesto aprobado.
Tuvieron también la opción de invocar la fracción “VII. Cualesquier acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos”, por la sustitución del fiscal y el asalto a la fiscalía, y por el caso de Mixtla de Altamirano solicitar la aplicación de la fracción VIII del mismo artículo: “Cualesquier acción u omisión que provoque en forma dolosa la suspensión o desaparición de algún ayuntamiento, o la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus ediles”.
En otra dimensión del conflicto, la acción de inconstitucionalidad 102/2019, presentada el día 18 por 17 diputados veracruzanos ante la Sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco procedió según resolución del día 27 de septiembre, pues se consideró que la decisión de la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz no era una ley o tratado internacional, sino únicamente un acuerdo por lo que, si bien administrativamente desechó la acción de inconstitucionalidad, no se pronunció por el fondo del asunto de que era la legalidad de la destitución del fiscal, a pesar de que la prensa afín al Gobierno del Estado difundió la idea de que la Suprema Corte de Justicia avalaba la separación del fiscal.
Esto es en el aspecto jurídico; en la vida cotidiana de los veracruzanos los poderes constitucionales están desaparecidos. La nota periodística de Ricardo Chúa, del día 2 de octubre pasado, en el portal electrónico Los políticos, informa que el presidente del congreso local acordó con el presidente de la república el golpe contra el fiscal durante su gira de trabajo en el estado, el pasado 30 de agosto, dejando al margen al gobernador.
Alejandro Aguirre Guerrero, en su blog personal del día 1 de octubre confirma que una fuente del Palacio Nacional reveló que el fiscal separado no presentó los exámenes de evaluación de control y confianza que los funcionarios relacionados con la seguridad pública obligatoriamente deben aprobar. Curiosamente, la misma nota da cuenta que también carecían de la evaluación los secretarios de gobierno y de seguridad pública de Veracruz. Los datos revelados muestran que el estado se gobierna desde la Ciudad de México, ante la notable incapacidad de los poderes constitucionales de Veracruz.
La crisis es evidente. No se han resuelto varios asuntos de corrupción como los 36 millones de un contrato directo a la empresa del súper delegado de Jalisco, ahora destituido, para la compra de medicinas, los 208 millones de la compra y renta de patrullas, o el pago de 6 millones a una banda de música sinaloense para los festejos del 15 de septiembre.
La salud es la dimensión más evidente de la crisis institucional; la falta de medidas preventivas a tiempo favoreció la epidemia de dengue que llevó a la declaratoria de emergencia epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, cuya causa fundamental fue el subejercicio presupuestal, principal fuente de la crisis gubernamental de Veracruz.
Se esperaba que mágicamente la violencia se acabara con la separación del fiscal, pero la nueva encargada sólo se limitó a ya no ofrecer las cifras de criminalidad como lo hacía su antecesor, la acción de los criminales es, sin embargo, inocultable.
Los políticos otra vez fracasaron; esa es la realidad. Pasemos al Plan C: reconstruir el estado y que se vayan todos. El gobierno estatal ya desapareció.

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