Veracruz: defender lo indefendible

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AGUSTÍN GARCÍA MÁRQUEZ

En julio de 2018 el líder del yunismo azul, en su advocación de gobernador, intentó proponer al Congreso a doce candidatos para magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ya había un gobernador electo, y el morenismo veracruzano se desató cerrando el Congreso del Estado, y a principios de agosto el gobernador en funciones terminó por dejarle la tarea a su sucesor, para llevar la fiesta en paz.
Un año después continuaba la fiesta morenista, pero a un ciudadano se le ocurrió inconformarse porque el juez que llevaba su asunto legal tenía un nombramiento provisional y ganó la impugnación. Resultó que trece jueces de primera instancia provisionalmente actúan como magistrados nombrados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero el juez segundo de distrito del séptimo circuito con residencia en Xalapa determinó que el nombramiento de magistrados no es una facultad legal del Presidente del Tribunal sino del Gobernador y del Congreso.
Inició entonces una crisis de legalidad en la Suprema Corte de Veracruz, originada en principio por la indolencia del Gobernador para proponer a los candidatos para magistrados ante el Congreso de Veracruz, pero con corresponsables en los poderes Judicial y Legislativo.
El Congreso de Veracruz también tiene su propia crisis legal. El 3 de septiembre ocho diputados de la Comisión Permanente destituyeron al Fiscal General de Veracruz, violando la Constitución federal, la del Estado, un amparo federal que expresamente impedía al Congreso destituir al fiscal, y además se basaron en el falso argumento de que el Fiscal no había presentado las pruebas de control de confianza para los funcionarios relacionados con la seguridad pública; el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna del día 5 de agosto le recordó a los interesados que el Acuerdo 1/IV-SE/2019 del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 17 de mayo pospuso por 12 meses la evaluación de control de confianza, lo que igual protegía al secretario de gobierno de Veracruz, quien tampoco ha presentado su evaluación.
Más aun, entre 400 y 1200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron la sede de la Fiscalía General del Estado, impidieron mediante la fuerza a un grupo de diputados locales entrar al edificio, e impusieron a la nueva encargada de la Fiscalía, una empleada de nivel medio de la Secretaría de Gobierno, quien a su vez nombró al cuñado del secretario de Seguridad Pública como director general de la Policía Ministerial.
El gobernador, aparentemente sin control sobre los funcionarios de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, sólo se limitó a respetar la decisión del Congreso, lo que hizo más visible la debacle del Poder Ejecutivo del Estado.
Por ejemplo, actualmente Veracruz alcanzó el primer lugar de casos de dengue en el país, a pesar de que Veracruz cuenta con una Ley 588 para la prevención y control del dengue y de que en febrero de 2017 la revista Salud pública dio a conocer un estudio titulado “Effects of climatic and social factors on dengue incidence in Mexican municipalities in the state of Veracruz”, de un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública quienes descubrieron que el aumento de la temperatura marina en el Golfo de México es un indicador de la potencialidad de una epidemia de dengue, chikungunya y zika en Veracruz, ¡con dos meses de anticipación! Además, en agosto la Organización Panamericana de la Salud advirtió de un brote epidémico de dengue con más de dos millones de infectados en el año.
A pesar de todo lo anterior, no se previno la campaña para el control de insectos vectores. La ley señala que, para la Estrategia Integral de Prevención y Control del Dengue, son responsables: “el Comité Estatal Interinstitucional para la prevención y control del dengue, en coordinación con el área de Promoción de la Salud, Vigilancia Epidemiológica, Vectores y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios dependientes de Servicios de Salud de Veracruz (…), presidida por el Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz”. No se sabe que el gobernador les haya pedido cuentas a los funcionarios por su descuido ante un problema de salud pública que parece haberse salido de control.
Con sendas crisis de seguridad pública y de salud, básicamente el Gobierno del Estado de Veracruz está abandonando sus funciones. Incluso se puede medir su ineficacia: el Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana dio a conocer que a finales de julio el gobierno estatal no había ejercido el gasto de 75 mil 133 millones de pesos, equivalente al 56 por ciento del presupuesto anual; de ese tamaño es la irresponsabilidad.
Asombra que funcionarios, políticos, medios de comunicación, militantes, influencers o ciudadanos sigan agrediendo al Fiscal para respaldar a los poderes constitucionales del Estado, que dejaron crecer los problemas con un alto costo de vidas humanas. ¿Ya quedó en claro que no fue el Fiscal y que no se puede defender lo indefendible?

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