Veracruz, con más impunidad

Jazmín Suazo
El Mundo de Córdoba

En Veracruz, de cada 100 delitos la Fiscalía General resuelve menos de cuatro y de cada 100 órdenes de aprehensión emitidas por jueces, cumple menos de 50, por ello, el estado ocupa el sexto lugar nacional con el más alto índice de impunidad en homicidios dolosos, con un porcentaje estimado del 96.2%.
Esa impunidad la sufre en carne propia Ana Lilia Jiménez, cuyo hijo de 15 años Yael Zuriel Monterrosas Jiménez desapareció el 1 de septiembre de 2012, y en estos siete años ha tenido… ¡nueve fiscales con el caso y ningún avance!.
De acuerdo al informe: “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”, de la organización “Impunidad Cero”, Veracruz es el sexto estado del país con el menor número de Ministerios Públicos o Fiscalías Regionales por cada 100 mil habitantes, con apenas 6.2, cuando Tabasco tiene 11.7.
“Este indicador permite conocer que para efectos de denuncias, existe poca cobertura territorial en el estado de Veracruz”, indica.
Y para muestra un botón. Ana Lilia Jiménez señala que ante la ineficiencia en la Fiscalía Regional de Córdoba, tuvo que investigar por su parte; dio con la autora material pero una fiscal le sugirió que no ampliara su denuncia o “se atuviera a las consecuencias”.
“Trataron de meterme miedo los mismos fiscales que me recibieron la denuncia; se perdió información valiosa, se perdieron las sábanas de llamadas y no recuperaron información del Facebook de mi hijo, tres años después crearon la cuenta y ya no pudieron ingresar, ha sido error tras error y cada vez es más difícil llegar a la verdad”, lamenta.
Denunció que hubo fuga de información, pues supuestos fiscales acudieron al domicilio del papá de sus hijos para decirle que el expediente de Yael se había perdido, lo cual no era cierto.
“He pasado por 9 fiscales y cada vez que los cambian es empezar de cero, es perder tiempo e información; en su momento había una prueba que era una laptop pero el policía investigador solo imprimió la hoja con los nombres de los supuestos responsables, pero no investigaron a los señalados”, dijo Ana Lilia.
En octubre de 2017 enviaron el expediente a la Fiscalía de Córdoba, aunque a ella se le notificó hasta febrero de 2018 y al revisarlo le faltaban sellos y estaba mal foliado.