Va Morena contra abogados ‘chuecos’

REFORMA

Cdmx.- La bancada de Morena en el Senado propondrá una reforma a la Ley de Amparo, con la finalidad de sancionar a los abogados que utilicen testigos o documentos falsos para conseguir suspensiones del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, anunció que las modificaciones serán llevadas esta misma semana a la tribuna de la Cámara alta.

La iniciativa plantea adicionar un artículo 260 Bis a la Ley de Amparo, para establecer un régimen sancionatorio hacía quienes ejercen la profesión de la abogacía procesal de manera indebida.

La idea es castigar a los litigantes que traten de obtener ventajas procesales al presentar testigos o documentos falsos, con la finalidad de entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional.

El proyecto establece que, el abogado que participe en el proceso materia de la Ley de Amparo, que incurra en este tipo de faltas, podrá ser sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal.

Las penas van desde amonestación verbal o escrita, hasta la suspensión temporal de ejercer la profesión o incluso con la cancelación definitiva de la cédula profesional.

En lo que va de la Administración, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado más de 3 mil 250 litigios.

Los recursos legales, contabilizados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, incluyen 213 juicios de amparo.

El Mandatario ha denunciado que sus proyectos prioritarios, como la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, han sido sometidos a una campaña de sabotaje legal.

El 22 de agosto reconoció que, sólo contra esa obra, se han interpuesto 147 amparos para frenar la construcción de la nueva terminal aérea, tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

La iniciativa de Monreal contra los abogados “chuecos” será presentada a unos días de que sostuvo una reunión privada con el Presidente en Palacio Nacional.

Según el legislador, el combate a la corrupción en el sistema de justicia no sólo debe involucrar a los juzgadores y funcionarios, sino también a los abogados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que en el Índice de Estado de Derecho 2018, del World Justice Project, México ocupa el lugar 92 de 113 países.

“Ese estudio evalúa ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia Penal”, detalló.

“El índice arrojó una calificación de 0.39 en México, en una escala del 0 al 1, donde el 1 significa una mayor adhesión al Estado de Derecho”.

Monreal agregó que, en dicho estudio, los sub-factores peor calificados fueron ausencia de corrupción, justicia civil y justicia penal.